Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador disfrutaba de la fiesta particular de “cumpleaños” que se organizó en el zócalo de la Ciudad de México con un costo de casi cuatro millones de pesos provenientes del erario, en el Senado de la República se urdía una trastada para conferirle poderes plenipotenciarios sobre una cantidad inmensa de recursos financieros.

El mismo 1 de julio, a un año de la victoria electoral de quien prometió una “transformación” en los usos y costumbres del quehacer público y una lucha frontal para acabar con la corrupción en el país, se introdujo lo que en ese momento se calificó como la resurrección de la “partida secreta” del presupuesto federal, de la que gozaron los presidentes de México desde Venustiano Carranza.

La “partida secreta” era una porción del Presupuesto de Egresos de la Federación, de la que el titular del Ejecutivo podía disponer a discreción, sin rendir cuentas absolutamente a nadie. Ni siquiera era posible conocer el monto exacto del dinero que los mandatarios en turno usaban para lo que les viniera en gana. Incluido su enriquecimiento personal.

Se trata incluso de una facultad constitucional, incluida en el artículo 74 de la Carta Magna, el cual señala que “no podrá haber otras partidas secretas, fuera de las que se consideren necesarias, con ese carácter, en el mismo presupuesto; las que emplearán los secretarios por acuerdo escrito del Presidente de la República”.

Esto se hace aún más específico en la partida 79901 “Erogaciones Contingentes” del Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal, en donde se incluyen las “asignaciones de recursos que se aprueban por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, conforme a lo establecido en la fracción IV, párrafo tercero, del artículo 74 Constitucional”.

Sin embargo, desde aproximadamente el año 1998 la llamada “partida secreta” fue dejada en ceros en el Presupuesto de Egresos de la Federación, aunque nunca dejó de acusarse que los sucesivos gobiernos usaron recursos públicos sin control ni fiscalización.

El literal “madruguete” en que incurrieron los senadores se encuentra en la adición de un segundo párrafo al artículo 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria aprobado la madrugada de este 2 de julio, durante la discusión de la rimbombante Ley de Austeridad Republica, y cuya redacción quedó de esta forma: “los ahorros generados como resultado de la aplicación de dichas medidas (de austeridad) deberán destinarse, en los términos de las disposiciones generales aplicables a los programas del ejecutor del gasto que los genere. Por cuanto hace al Poder Ejecutivo Federal, dichos ahorros se destinarán a los programas previstos en el Plan Nacional de Desarrollo o al destino que por Decreto determine el Titular”.

Al establecer en la ley que el Presidente de la República determine por decreto el destino de los recursos que se ahorren por concepto de las draconianas, insensibles y en algunos casos irresponsables medidas de recorte al gasto público implementadas por esta administración, se le otorga en los hechos un cheque en blanco para hacer lo que quiera con un monto que se estima oscile entre los 90 y los 130 mil millones de pesos. Una suma que ni Carlos Salinas de Gortari –con quien Andrés Manuel López Obrador verdaderamente odia ser comparado- soñó con manejar.

Y mientras ellos bailaban en el zócalo, a los mexicanos nos llevaron al baile.

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