Empero, quienes parece que no lo escucharon o hacen como que les afecta una repentina y conveniente sordera son las autoridades del gobierno de Veracruz, quienes a pesar de haber sido exhibidas -con documentos en mano- incurriendo en esta práctica, simplemente apuestan al olvido e incluso, al total y más cínico “valemadrismo”.
No puede interpretarse de otra manera el hecho de que luego de que se exhibieran los documentos oficiales que establecen una conexión sanguínea directa entre el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y el subsecretario de Finanzas y Administración Eleazar Guerrero Pérez –quienes serían ambos nietos de Manuela Durán-, hayan optado por hacerse de la vista gorda, en lo que la contralora Leslie Garibo Puga vuelve a “investigar” su parentesco, buscando una salida legal para justificar la inclusión del segundo en el gobierno de su primo hermano.
De hecho, ya han esbozado una: que el nepotismo no está tipificado como un delito en la legislación local, que ni siquiera lo considera una falta administrativa. Lo cual constituiría un argumento legaloide que no podría cubrir ni la incongruencia ni la corrupción que lleva implícitas.
Sin embargo, la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Veracruz sí contempla el conflicto de interés, que es tipificado como “la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los servidores públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios”.
Como resulta evidente, sería el caso de Cuitláhuac García y Eleazar Guerrero, así como el de muchos otros “influyentes” integrantes de su círculo compacto, que tienen cargos en el gabinete o bien trafican influencias para colocar familiares en posiciones estratégicas, como la diputada federal de Morena Dorheny García Cayetano, quien presume ser casi casi la conciencia del gobernador y hace y deshace en su administración.
Pero con lo que quizá no contaban los “honrados” funcionarios de la “4T” veracruzana es que en la Ley de Austeridad Republicana impulsada por López Obrador quedó expresamente prohibido el nepotismo.
En el artículo 21 numeral V de este ordenamiento, correspondiente al título tercero
“Del comportamiento austero y probo de los servidores públicos”, se establece muy claramente que los servidores públicos “tienen prohibido utilizar las atribuciones, facultades o influencia que tengan por razón de su empleo, cargo o comisión, para que de manera directa o indirecta designen, nombren o intervengan para que se contrate como personal de confianza, de estructura, de base o por honorarios en el servicio público a personas con las que tenga lazos de parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado, de afinidad hasta el segundo grado, o vínculo de matrimonio o concubinato”.
Si bien se trata de una ley federal, ¿cómo van a conciliar lo que es parte fundamental del discurso presidencial con lo que están haciendo en el gobierno de Veracruz, plagado de parientes de?
El primo incómodo se tendría que haber ido ya. ¿Cuál será el compromiso o la función que realmente desempeña, como para preferir hundirse en el descrédito?
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