Este martes, García Jiménez y su secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima
Franco, informaron oficialmente que la deuda pública de Veracruz asciende a 41 mil 769 millones de pesos.
Se presume que la opacidad de Yunes Linares obedecía a su perverso plan de reestructurar la deuda por negocio, para lo cual habría contado con la asesoría de Jesús Villalobos, su ex operador financiero en el ISSSTE, a quien en 2010 había dejado precisamente en la Dirección General de dicho organismo público descentralizado para cuidarle las espaldas.
Y es que ha quedado al descubierto que la reestructura de Yunes no fue transparente, pues se realizó por medio de un fideicomiso que no daba confianza a los bancos para participar.
Al no contar con un marco de libre competencia las sobretasas fueron sumamente elevadas, por lo que dicho esquema de pago (amortización) amenazaba con castigar severamente las finanzas de la siguiente administración estatal.
¿Por qué Yunes habría apostado por un esquema de pagos asfixiante, si estaba tan seguro de que su primogénito lo sucedería en el poder? Porque las reestructuras son un negociazo.
De hecho, la contratación de despachos en el yunismo fue la más cara de la historia de
Veracruz, por lo que se presume que el ex mandatario panista quería que su hijo volviera a reestructurarla a costa de los veracruzanos.
Al día de hoy se desconoce la cifra exacta del monto millonario que Yunes pagó por la reestructura del 2017. Lo único cierto es que sus intenciones nunca fueron sanear las finanzas, sino hacer negocio.
Y es que los plazos de pago que Yunes reestructuró son variados y van de los 15 a los 30 años, teniendo un plazo de pago promedio de 21 años y medio.
La reestructura de Yunes solicitó un mil millones más de deuda para el pago de servicios, heredando al gobierno de García Jiménez condiciones sumamente complicadas que comprometieron en un nivel muy alto los recursos con los que el estado cuenta cada año.
El esquema de pagos pactado de la deuda vigente asfixian las finanzas públicas de la actual administración, vulnerando la inversión de recursos orientados a dinamizar la economía del estado y mejorar las condiciones de vida de los veracruzanos.
En resumen: de continuar así, habrá menos obras, menos oportunidades y menos competitividad para Veracruz. La decisión la tiene el Congreso local.
OCAMPO VERDUGO QUIERE INDULTO
El veracruzano Cirilo José Ocampo Verdugo –el llamado “Rey de las Cajas de Ahorro”, preso desde el año 2000 por haber defraudado a más de 180 mil ahorradores de Veracruz y de otros 24 estados de la República Mexicana, el cual fue vinculado también con el cártel de Colima por presunto lavado de dinero– ha comenzado a maniobrar mediáticamente, victimizándose como “preso político”, para obtener pronto su libertad mediante un indulto del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En la conferencia de prensa de este miércoles 24 en Palacio Nacional, el reportero Urbano Barrera, del diario Ovaciones, casualmente preguntó sobre Ocampo Verdugo, recordándole a López Obrador que recientemente, durante su gira a Huexca, en el estado de Morelos, se le acercó una persona y le entregó una carta, cuya información llegó después también a su oficina de Atención Ciudadana, la cual –dijo el periodista– “tiene que ver con esa información que se dijo aquí, uno de esos casos de personas que tienen (…) en prisión hasta 20 años y que su caso ya se combinó de preso político, de caso de injusticia, me refiero concretamente al caso –y usted sabe muy bien– de José Ocampo, que a él lo encarcelaron porque no quiso cooperar con varios o muchos millones de dólares para las campañas en el periodo de Vicente Fox y de (Francisco) Labastida…”
En efecto, en el año 2009, Ocampo Verdugo difundió un video en el que exponía que llevaba “10 años en prisión y de sufrir además por el encarcelamiento que por cinco años también padeció injustamente mi hija, ambos víctimas del abuso del poder oficial que se encargó de manipular desde ese tiempo Miguel Ángel Yunes Linares para despojarme de aproximadamente 500 millones de dólares, entre dinero en efectivo, bienes muebles e inmuebles, aviones y ganado de alto registro.”
López Obrador respondió al reportero de Ovaciones que le ha recomendado a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, busque la manera legal de que se puedan conceder indultos, “definiendo muy bien los casos, las características generales y en el marco del indulto puedan salir muchos de las cárceles.”
Sin embargo, el Presidente explicó que “los trámites para liberar a alguien –que injustamente esté en la cárcel– son muy complicados, implican desistimientos y una serie de recursos y tiene que ver con el Poder Judicial y tiene que ver con la Fiscalía (General de la República).”
Reconoció que “hay, la verdad, mucha gente inocente en las cárceles, desde los que no tiene para pagar fianza, porque son pobres; los que nunca han sido sentenciados, llevan tiempo ahí; los que están enfermos, los mayores de edad…hay mujeres de más de 80 años y he estado dando la instrucción de que se atiendan todos estos casos, pero son inercias, costumbres que existen”.
Criticó que en el pasado había agentes del Ministerio Público y jueces de consigna, que fabricaban culpables y los consignaban con todo el Código Penal encima y después no había forma alguna de que obtuvieran su libertad.
Indicó que ya se trabaja en la iniciativa de Ley para el Indulto, pero “cuidando que no sean presos que hayan cometido delitos graves, porque también eso no lo podemos hacer.”
“Pero también hay gente inocente, que no cometió delito o que está en una situación que ameritan estar afuera por enfermedad, porque es pobre y no tuvieron para comprar su inocencia, por su edad...”, puntualizó, refiriendo el caso de una señora de 85 años, presa en la ciudad de México. “Ni modo que una anciana vaya a reincidir. No es posible eso. Pero lo estamos viendo”, prometió. (Versión retomada del portal espejodelpoder.com). |
