Hace cinco días, al pretender justificar los altos índices de violencia en Veracruz, el gobernador Cuitláhuac García declaró que sus antecesores habían “pactado” con el crimen organizado y que todos esos ex mandatarios “corruptos se beneficiaron de eso”, que por ello “esa dificultad de estar sobre ellos (los criminales)”, pero que “en este gobierno se acabaron los grupos delictivos.”

Si Cuitláhuac hizo esta afirmación es porque debe saber lo que dice. ¿O acaso ignorará que en la desaparecida PGR –hoy Fiscalía General de la República– existen desde hace 17 años carpetas de investigación con declaraciones ministeriales de algunos miembros de la delincuencia organizada que involucran a ex funcionarios muy allegados a los últimos cuatro ex gobernadores, desde Miguel Alemán Velasco hasta Miguel Ángel Yunes Linares?

A mediados de mayo pasado, por ejemplo, se armó tremendo escándalo mediático por la filtración del expediente número 947/2012/VER-FIEAFTVS-10, iniciado en la Subprocuraduría Regional de Justicia Zona Centro del Estado, en el que quedaron asentadas declaraciones de Cristopher Fuentes Letelier, alias “El Chuletón”; de Ignacio Valdez Ramírez, “El Chilango”, y de Gerardo Trejo Cruz, “El Trejo”, tres operadores de Raúl Lucio Hernández, (a) “El Lucky”, el jefe de plaza de Los Zetas en la región de Córdoba, los cuales fueron detenidos en octubre de 2012.

En esta investigación iniciada hace siete años por el Fiscal Investigador Especializado adscrito a la Fuerza de Tarea de la Marina Armada de México del Operativo Veracruz Seguro, Pedro Alberto Huesca Barradas –la cual fue atraída por la PGR con el numeral 728/2012 y radicada con el Fiscal 4° del MP de la Federación adscrito a la Delegación en Veracruz– figuran nombres de abogados, empresarios y ex funcionarios de la desaparecida Procuraduría (actualmente Fiscalía General del Estado) que estaban en la nómina de esta organización delincuencial y que frecuentemente convivían con el capo de Los Zetas en el Lienzo Charro o en algunas residencias del jet set cordobés.

Uno de esos asiduos asistentes a las tertulias de “El Lucky” era, por cierto, un empresario cordobés que en este nuevo sexenio acaba de extender su negocio de grúas a la ciudad de Xalapa, donde diariamente levantan cientos de automóviles estacionados en áreas prohibidas, y por cuyo arrastre hasta el corralón obtiene más de 600 pesos por cada unidad, si ésta es liberada el mismo día por su propietario.

¿Quién de la Secretaría de Seguridad Pública o de la Dirección General de Tránsito le habrá participado de este negociazo en la capital veracruzana, si ya operaban por lo menos otras seis empresas de grúas desde el sexenio duartista?

Por lo que recién declaró, Cuitláhuac García debería cerciorarse que los antiguos “lavadores” de Los Zetas no se infiltren en su gobierno, pues de lo contrario haría quedar muy mal al presidente Andrés Manuel López Obrador, su mentor político.

Y es que hasta Jaime Téllez Marie, titular de la Secretaría de Seguridad Pública en la administración del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, fue vinculado el año antepasado con Guadalupe Hernández Hervis, (a) “La Jefa”, una secuestradora ligada a Hernán Martínez Zavaleta, “El Comandante H”, ex jefe de plaza de Los Zetas en la zona sur de Veracruz y Tabasco, según la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIDMS-TAB/0000612/2017 de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la PGR.