La señora secretaria de Turismo, Xóchitl Arbesú Lago, otorga, ahora sí, relevancia al papel que juega la prensa.
Le solicita su apoyo para reducir la percepción de inseguridad. Al menos, así sea indirectamente, alguien del gobierno reconoce la importancia de los medios para contribuir en la solución o disminución de los problemas.
En su petición puso como ejemplo las ciudades de Coatzacoalcos y Minatitlán, en el sur del Estado, en las que dijo que hay una “alta percepción de inseguridad” sin que ello implique un alto índice delictivo.
Su argumento tiene algo de cierto, aunque extraña que haga tal afirmación cuando, oriunda ella misma de Mina (como se abrevia en el sur la palabra Minatitlán), sabe que la realidad se impone.
No es que se haya reducido el índice delictivo, es que mucha gente de plano ya no sale a la calle para no exponerse a que la asalten o, peor, a que la secuestren para extorsionar a sus familiares. Y quienes resultaban víctimas mejor ya no denuncian.
Pero la mala percepción no la ha creado la prensa, los medios; estos solo reflejan los hechos al dar cuenta de lo que pasa, y lamentablemente pasa mucho y malo.
La gente percibe la inseguridad y vive temerosa y alarmada porque o ha vivido en carne propia o ha visto o ha escuchado de algún familiar, vecino o amigo, algún tipo de agresión.
La mala percepción nace de los hechos y aumenta ante la ineficacia de los cuerpos de seguridad, ante las fallas de las políticas en la materia de las tres instancias de gobierno (municipal, estatal o federal), en ambas ciudades, de Morena.
Cierto, el problema no es nuevo, viene desde los gobiernos del PRI, persistió en el pasado gobierno estatal del PAN y continúa con los gobiernos morenistas.
La prensa no puede hacer nada de lo que pide la señora Arbesú porque no puede dejar de informar lo que pasa, no puede ocultar la realidad ni mentir y engañar a la población.
Mis compañeros del sur no pueden pintar una falsa imagen en rosa cuando el color de la realidad es de rojo infierno.
El mes pasado durante el periodo vacacional estuve dos veces en Coatzacoalcos y lamenté con mi familia que una ciudad tan bonita, otrora alegre y bullanguera, tenga ahora espacios que semejan pueblos fantasmas en horas en que en otras ciudades la población vive y pasea por sus calles con toda normalidad.
Doña Xóchitl minimizó el problema negando que la percepción de inseguridad haya provocado “contratiempos” en la reservación de hoteles de la región.
Es cierto, no los hubo simple y sencillamente porque nadie quiere ir a exponerse. Un sábado pasé a las ocho de la noche frente a céntrico y antes animado hotel, y estaba casi totalmente a oscuras, ni una luz encendida había en la habitación de cualquier piso.
Nuevamente me hallé con calles y avenidas casi vacías, sin gente caminando y sin vehículos circulando cuando apenas comenzaba a oscurecer.
Me encontré a conocidos que son oriundos de la ciudad pero que viven en Xalapa, quienes me dijeron que van con mucho temor, que hacen lo que tienen que hacer y de inmediato se van si no tienen necesidad de quedarse a pernoctar.
Pero la mala percepción que ahuyenta a todos no la provoca la prensa, como para pedirle que ayude a disminuirla. En todo caso la prensa dirá que ya disminuyó cuando disminuyan la inseguridad y la violencia.
En eso sí, en difundir la buena nueva, cuando la haya, ayudarán los medios para que los ciudadanos empiecen a despejar el temor, recobren la confianza y vuelvan a salir a la calle.
Creo que el llamado de la secretaria Arbesú debe estar más bien dirigido al secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, responsable directo de brindar seguridad en la vida y en el patrimonio de los veracruzanos, incluidos los de Coatza y de Mina.
Cuando don Hugo haga bien su trabajo, los medios lo van a decir sin que se los pidan como algo especial.
En Coatzacoalcos la llegada de los elementos de la Guardia Nacional no ha logrado inhibir a la delincuencia.
Aquí sí, una es la realidad oficial, alejada de la realidad real, válgase todo el juego de palabras, y otra es la realidad que vive la población. Y una es la percepción generalizada y otra el reflejo que hacen los medios de los hechos y acontecimientos que constituyen la realidad.
Factor político decidiría titularidad del ORFIS
A partir de casi ya, la atención empezará a centrarse en los diputados integrantes de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Legislatura local, quienes decidirán sobre la titularidad del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS).
El actual titular Lorenzo Antonio Portilla Vásquez ha sido muy claro en su intención de continuar al frente del organismo pero también en que serán los legisladores de dicha comisión los que dirán la última palabra.
Un abogado que sabe del tema me ha dicho que hay argumentos legales para que siga en el cargo, por lo que podría ser reelecto o designado de nuevo. Me invocó el artículo 67 fracción III, Apartado 6, de la Constitución Política local, y 66, 67 y 68 de la Ley 252 de Fiscalización Superior para el Estado de Veracruz.
Pero me aclaró que como dicho ordenamiento ya se modificó, eso sí quien sea designado ya no podrá repetir en el cargo en el próximo relevo.
Portilla Vásquez, de larga trayectoria en el servicio público, ha declarado que no está obsesionado con el cargo, que el tema no le quita el sueño, pero que como la ley lo permite y si hay condiciones, está puesto y dispuesto a dar continuidad al trabajo que ha realizado, sobre todo en lo que a modernización y participación ciudadana en los temas de fiscalización se refiere.
A mi juicio podrían pesar a su favor todas las carpetas de investigación contra funcionarios de la pasada administración, tanto las que ya ha consignado como las que tiene abiertas, por lo que el morenismo, que ahora tiene el poder político, podría apoyarlo y dejar que termine la tarea.
El interés político jugará un papel importante en la decisión final, sobre todo porque al morenismo no le conviene que levante la cabeza el yunismo.
Pero serán los diputados de la Comisión Permanente de Vigilancia los que tendrán que evaluar su trabajo y dictaminar y someter al pleno su propuesta con la participación de 34 legisladores, o sea las dos terceras partes del Congreso del Estado.
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