Hace aproximadamente tres semanas, los diputados del Congreso del vecino estado de Tabasco, aprobaron -en lo general- reformas a su Código Penal, mismo en el que ahora se establece que se impondrán hasta 20 años de prisión a quienes extorsionen en la ejecución de obras públicas y privadas en aquella entidad.

De acuerdo con la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Protección Civil, en la Legislatura de Tabasco, Julia Pardo, la reforma no trata de penalizar la libre manifestación de los ciudadanos ni es contra la libre organización sindical, derechos consagrados en la Carta Magna.

Sin embargo, la diputada del PRI, Ingrid Rosas, integrante de la misma comisión se manifestó en contra de dicha reforma porque aunque se asegura que es una modificación a la ley para ir en “contra la extorsión”, el contenido del artículo 308 bis del Código Penal, no tiene nada que ver con el delito de extorsión o delincuencia organizada.

Pero más allá del debate y la polémica mundial que ha provocado, hace unos días, amparados en esa ley y a solicitud del propio gobierno del estado, fuerzas federales, estatales y la Guardia Nacional liberaron los pozos Kenora y el 123, ubicados en Oxiacaque, en el municipio de Nacajuca, que mantenían tomados grupos supuestamente de sindicatos desde hace cuatro años y quienes cobraban por ingreso de vehículos a esas instalaciones.

Luego de ese operativo que mostró el músculo policiaco del gobierno de Tabasco, la Organización de las Naciones Unidas (ONU)  expresó su preocupación por dicha Ley Garrote de Tabasco, “ya que puede interferir en la libertad de expresión” y entonces enviaron una carta al vecino gobernador Adán Augusto López, para recordarle, entre otros aspectos, los compromisos internacionales que debe cumplir para garantizar la libertad de expresión.

Ahora bien,  el viernes pasado, en Xalapa se utilizó la fuerza pública para desalojar a padres de familia del municipio de Chicontepec, que llegaron a la capital del estado a solicitar la destitución de algunos malos maestros de su municipio y para meter más presión a las autoridades los quejosos decidieron bloquear la avenida Lázaro Cárdenas frente a la SEV, que es parte de la carretera Puebla-Xalapa-Veracruz.

Quiero ser muy claro en lo siguiente. Como periodista defiendo el derecho de cualquier persona a inconformarse y a manifestar libremente sus ideas, pero desapruebo rotundamente que afecten a terceras personas. Sin embargo, no era necesario un operativo con tantos elementos de la Fuerza Civil y de Seguridad Pública, quienes de palomita subieron a varias personas a las patrullas y tirados como puercos en la batea, se los llevaron detenidos.

¿Quiénes fallaron? Obvio, los negociadores políticos, los representantes de la SEV y de la Secretaría de Gobierno que no fueron capaces de encontrar el justo medio y llegar a acuerdos, pero antes, fracasaron o –peor aún- no hicieron nada, el director de la escuela en conflicto, el supervisor escolar, el delegado regional de la Secretaría de Educación, el encargado de política regional, es decir, no se hagan tontos, hubo muchos filtros antes de que el problema estallara y los padres decidieran ir hasta Xalapa con todos los gastos que ello implica. Por favor, esas personas no reaccionaron así por locura o esquizofrenia, no, fue una consecuencia del hartazgo de autoridades indolentes, torpes y, el colmo,  ahora hasta represoras.

Ahhh¡¡¡, pero déjeme le cuento otra más. Un día antes, el jueves para ser más preciso, un grupo de encapuchados llegaron hasta el palacio municipal de Altotonga, en cuyo interior el alcalde y los ediles realizaban una sesión de cabildo “a puerta cerrada” violando la ley. Los desconocidos quemaron llantas frente al edificio municipal, quebraron vidrios de oficinas e hicieron pintas con aerosol estampando sus consignas. ¿Y qué cree? No llegaron grupos antimotines, no estuvo Seguridad Pública, tampoco la Fuerza Civil, es más, en los videos que circulan por las redes sociales no se observa ni siquiera a un policía municipal que moviera un dedo para conservar el orden. Ya no entendí. Está bien que la justicia tiene una venda en los ojos, pero la espada en su mano derecha simboliza su fuerza inflexible y la balanza en su mano izquierda el razonamiento, el equilibrio, pero tristemente confirmamos que la ley no se aplica igual para todos en Tabasco ni  en Veracruz. Garrote para los padres de familia de la sierra, impunidad para delincuentes encapuchados y armados, esto es muy preocupante y en nada ayuda al gobernador Cuitláhuac García Jiménez.