Algo que parecía imposible de lograr por este gobierno, tras el fracaso del Congreso Local de echar a andar el juicio político en su contra, fue lo que por fin consiguió este martes el Congreso del Estado, el cual determinó separar de manera temporal del cargo al Fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz.
Durante la sesión ordinaria de este martes 3 de septiembre se dio lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política, que avaló el propio coordinador del PAN, Sergio Hernández, y se nombró a Verónica Hernández Giadans, recomendada del Secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, como encargada de despacho.
En la reunión de trabajo se presentó el documento que fue votado de manera inmediata y que llevó a la separación del titular de la FGE con el argumento de hacer valer la impartición de justicia en el estado.
El daño que ocasionó la presencia del abogado de la familia Yunes al frente de la Fiscalía General del Estado no es cualquier cosa; desde que inició la administración del gobernador Cuitláhuac Jiménez García, a la fecha, la impunidad ha reinado en Veracruz, porque esa era la encomienda que tenía de parte de su jefe Miguel Ángel Yunes Linares: entorpecer en todo lo posible la aplicación de la justicia en Veracruz para así generar un ambiente de ingobernabilidad.
Fue un gran triunfo para el gobierno morenista el haber logrado la remoción de Jorge Winckler Ortiz, eso lo veremos los veracruzanos reflejado en el castigo a quienes son detenidos por la policía del estado y puestos a disposición de los ministerios públicos, así como por las investigaciones que realicen quienes laboran en la Fiscalía del Estado, amenazados por su jefe si actuaban con responsabilidad en su trabajo.
En adelante no hay pretextos para bajar los índices delictivos. Lo que falta es conocer el futuro que le espere a Jorge Winckler, quien está acusado de haber cometido infinidad de delitos abusando del poder que tenía como titular de la Fiscalía del Estado.
¿Nuevos policías?
Limpiar las corporaciones policíacas de elementos nocivos, cooptados por las bandas de la delincuencia organizada, para que solo queden los buenos dispuestos a dar su vida por imponer orden, es un discurso muy gastado que hemos venido escuchando desde hace varios sexenios de parte de nuestros gobernantes, que al final resulta un fiasco porque cualquier intento que se haga en este sentido o se topa con que los intereses económicos de las bandas delictivas son muy superiores a lo que maneja el estado o los mismos funcionarios están involucrados en actividades asociadas al narcotráfico.
Y ante tantos problemas que enfrenta la autoridad para combatir el crimen y disminuir los alarmantes niveles de violencia que hay en el país, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, ha solicitado a los diputados de Morena ampliar las facultades de la Guardia Nacional y corporaciones policiales para investigar cualquier delito sin la necesidad de una denuncia previa, incluso antes de que intervenga el Ministerio Público.
Tras reunirse con legisladores de Morena, Durazo Montaño dijo que es necesario modificar el Artículo 21 constitucional a fin de que las instituciones policiacas puedan llevar a cabo investigaciones de manera autónoma.
“Proponemos una modificación al Artículo 21 constitucional para ampliar las facultades investigadoras de las instituciones policiales, de manera que las policías puedan llevar adelante la investigación en forma autónoma y sólo cuando la indagación se encuentre terminada entregar los registros al Ministerio Público, para que decida formular o no la imputación correspondiente”, expuso.
Explicó que dicha modificación permitirá “evitar la necesidad de la denuncia, pues mucha gente no denuncia porque no quiere problemas, pero la policía no puede judicializar sus investigaciones”.
Durazo señaló que esta facultad también le debe ser otorgada a la Guardia Nacional, ya que esta es una instancia fundamental en la estrategia del Gobierno federal para combatir la inseguridad y la delincuencia. La reforma de justicia penal de 2008, que estableció las bases para el Sistema Penal Acusatorio, estableció de manera explícita que la facultad de investigación es de los Ministerios Públicos.
El funcionario federal enumeró nueve prioridades legislativas que incluyen una nueva modificación al Artículo 19 constitucional en materia de prisión preventiva, así como cambios legales para regular las armas réplica, la compra de tarjetas telefónicas y las operaciones financieras en tiendas de conveniencia.
Pidió que la prisión preventiva se amplíe a los delitos de extorsión y robo de autotransporte, ya que son ilícitos que se encuentran desbordados.
“Ya se modificó el artículo correspondiente, pero quedaron fuera el delito de extorsión y el robo, asalto a vehículos de autotransporte en carreteras. Estoy convencido que la maximización de la pena no es una solución definitiva, pero en las circunstancias desbordadas de algunos delitos, particularmente el de extorsión y el asalto a vehículo de autotransporte de carga, mucho ayudaría contar con esta modificación constitucional”.
El secretario propuso también estandarizar a nivel nacional los tipos penales para evitar el turismo delictivo y regular las armas réplica ante el incremento de asaltos con éstas.
REFLEXIÓN
Con la salida de Jorge Winckler de la Fiscalía del Estado, se agrava la situación de personas que, escudándose en la actividad periodística viven de la extorsión y esa dependencia era uno de sus principales abrevaderos… Ni modo. Escríbanos a mrossete@yahoo.com.mx formatosiete@gmail.com www.formato7.com/columnistas |
