Pero los amigos de Clementina soslayaron que la orden de aprehensión también fue girada en contra de otros tres ex subordinados de la ex titular de la Sefiplan, uno de los cuales, un ex subsecretario, ya fue aprehendido y vinculado a proceso por el juez de control.
¿Acaso académicos tan preparados ignorarán que en la administración pública se penaliza la responsabilidad de un delito no solamente por la comisión sino también por la omisión?
Es más, los universitarios que exigen “respeto a la dignidad” de la contadora Guerrero deberían investigar si Clementina no evadió también su responsabilidad como secretaria de Administración y Finanzas de la UV en el caso de la retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a los 12 mil empleados de esta institución de educación superior autónoma, ya que la deuda que inició en 700 millones de pesos durante el sexenio duartista con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), se triplicó en los últimos cinco años por multas y recargos.
El 8 de octubre de 2016, el gobernador interino Flavino Ríos Alvarado y la rectora Sara Ladrón de Guevara encabezaron una reunión de trabajo en la cual se firmó un convenio que establecía el compromiso del gobierno estatal para realizar ante el SAT las gestiones necesarias para liberar de responsabilidad a la UV por los pagos del ISR de 2014 a la fecha.
Y es que en mayo de ese año, la Rectora y la entonces secretaria de Administración y Finanzas de la UV sostuvieron una reunión con Aristóteles Núñez Sánchez, a la sazón jefe del SAT, y el titular de la Sefiplan, Antonio Gómez Pelegrín, en la que se acordó que el pago del impuesto lo realizaría el Gobierno del Estado.
El monto de los recursos retenidos por la administración estatal a la máxima casa de estudios, pero no depositados ante el SAT, ascendían por esas fechas a mil 386.3 millones de pesos y constituían más de la mitad de la deuda que el Gobierno del Estado tenía con la UV.
Este problema cayó directamente en manos de Clementina Guerrero unos días después, al saltar de la Secretaría de Administración y Finanzas de la UV a la titularidad de la Sefiplan del gobierno estatal, donde posteriormente fue ratificada el 1 de diciembre de 2016 por el gobernador entrante Miguel Ángel Yunes Linares.
Pero, además, los apologistas de doña “Tula” Guerrero parecen haber olvidado también que el año pasado tramitó el amparo número 1260/2018 ante un Juzgado federal para seguir cobrando simultáneamente su pensión de 76 mil pesos mensuales y su sueldo de Tesorera Municipal –como dos años antes lo venía haciendo también en el gobierno de Yunes–, no obstante la inequívoca prohibición del artículo 29 de la Ley 287 de Pensiones del Estado de Veracruz, vigente desde el 21 de julio de 2014, según la Gaceta Oficial del Estado número 288.
Dicho artículo establece que es incompatible la percepción de una pensión con el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión remunerados a cargo de los Entes Públicos incorporados y agrega sanciones en caso de incumplimiento, pues el infractor de la Ley deberá de reintegrar las cantidades percibidas indebidamente en el plazo que le sea fijado por el Instituto; el cual nunca será menor al tiempo en que las hubiere recibido.
“Desaparecida la incompatibilidad y reintegradas las cantidades indebidamente recibidas, el pensionista puede volver a disfrutar de la pensión otorgada. Si no hiciese el reintegro en los términos de este artículo, perderá todo derecho a la pensión”, estipula dicho ordenamiento.
Al asumir el cargo como Tesorera del Ayuntamiento de Xalapa el 27 de septiembre de 2018, Guerrero García sostuvo que como jubilada tenía derecho a seguir recibiendo su pensión. “Si lo siguiera cobrando eso es cosa que a nadie le va y le viene, yo trabajé en la Universidad Veracruzana 44 años; yo creo que si lo cobrara me lo merecería y si tengo energía para asumir un nuevo cargo me merezco el nuevo sueldo”, declaró a los medios de comunicación.
Entrevistada al respecto, la directora del Instituto de Pensiones (IPE), Daniela Griego Ceballos, declaró a finales de diciembre de 2018 que estaban revisando el caso de la contadora Guerrero, quien había interpuesto un amparo para poder cobrar su salario de Tesorera Municipal y al mismo tiempo también su pensión.
Griego Ceballos precisó entonces que “lo que dice la Ley no es que prohíba trabajar a un pensionado, sino que vuelva a cotizar con un patrón que aporta al IPE, porque el Ayuntamiento de Xalapa aporta, pero hay varios casos, y otros están bajo convenio y se les ha ido descontando”, dijo. La ex diputada local refirió que ese es el caso de trabajadores que estuvieron, por ejemplo, en la administración estatal pasada, donde se detectó que se suspendió su pensión, y ahora piden volverla a cobrar.
Asimismo subrayó que la ley también marca que en casos que tengan un cargo de elección popular tendrán que pedir licencia, por lo que están revisando con el Departamento Jurídico los casos que existen “y tendremos que dialogar con ellos”, al tiempo que precisó que estos fueron heredados por la administración pasada.
“No se trata tampoco de vulnerar el derecho de nadie, pero la ley es clara (…). La maestra Clementina no entró a trabajar el 1 de diciembre al Ayuntamiento, ya venía desde antes (Sefiplan) y ya era pensionada. Tenemos que revisar todos los casos”, reiteró Griego Ceballos, quien apuntó que sería el Consejo Directivo del IPE la instancia que debía tomar una determinación al respecto. |
