No hubo campaña del PRI a gobernador, senador o Presidente de la República desde 1993 hasta 2018 que no buscara contar con el apoyo del líder petrolero, presencial y en especie, para sus candidatos. En buena medida fue uno de los pilares del régimen y, en consecuencia, representa uno de los emblemas de la más grotesca corrupción en México.
Sin embargo, afirmar –como algunos amanuenses del lopezobradorismo se apresuraron a vociferar en redes sociales y en “sesudos análisis”- que la autodenominada “cuarta transformación” acabó con la corrupción en el Sindicato Petrolero es, por lo menos, inexacto. Por no decir que abiertamente tramposo.
No se puede negar que el gobierno de López Obrador operó la salida de Romero Deschamps. Pero no lo hizo mediante la aplicación simple y llana de la ley, sino a través de la coacción, igual que en el caso del ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora.
Primero se filtró esta semana el supuesto congelamiento de las cuentas bancarias del líder petrolero, lo que de inmediato negó la Presidencia. Pero lo que sí admitió fue haber presentado dos denuncias contra Romero Deschamps ante la Fiscalía General de la República. Una por lavado de dinero y la otra por enriquecimiento ilícito.
No hacía falta ser un genio para entender las señales. A las pocas horas, Romero Deschamps presentaba su renuncia como dirigente sin que la misma supusiera un cisma en el Sindicato ni provocara –hasta el momento, por lo menos- alguna clase de inestabilidad o riesgo dentro de Petróleos Mexicanos. Todo, perfectamente “planchado”.
Y es que basta tener dos dedos de frente para entender que si la intención expresa fuera ir con todo contra Romero Deschamps –para lo cual existen elementos de sobra-, simplemente le hubiesen aplicado la misma receta que a Rosario Robles: directo a la cárcel. Es más, podrían haberlo detenido en el mismo momento que al abogado “estrella” del peñanietismo, Juan Collado, con quien comía cuando aquél fue aprehendido el pasado 9 de julio.
El nuevo régimen le dio la opción a Romero Deschamps de irse más o menos “por las buenas”. E incluso permitió que en su lugar, de manera provisional por lo pronto, quede un miembro de su círculo cercano: el diputado federal plurinominal del PRI por Veracruz, Manuel Limón Hernández, quien fungía actualmente como secretario del Interior, Actas y Acuerdos del Comité Ejecutivo General del STPRM y que fue, entre otros cargos, secretario general de la Sección 10 con sede en Minatitlán, feudo de otro sempiterno cacique sindical, Jorge Wade.
Hace exactamente 30 años, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari operó lo que se conoció como el “quinazo”: la caída y encarcelamiento del dirigente del Sindicato Petrolero Joaquín Hernández Galicia, “La Quina”, por haber apoyado la candidatura presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas. Y prácticamente al mismo tiempo, “convenció” al líder magisterial Carlos Jonguitud que había llegado la hora de “retirarse”, dando paso a la era de Elba Esther Gordillo en el SNTE. Ambas acciones fueron calificadas por la prensa oficialista de la época como “grandes golpes” del salinismo contra la corrupción sindical.
Nada nuevo hay bajo el sol.
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