La declaración del Presidente es rayana en el absurdo. Nadie con dos dedos de frente puede dar crédito a una situación en la que mandos medios decidan por su cuenta detener a dos peligrosos narcotraficantes, herederos de un grupo criminal armamentística y económicamente muy poderoso, y sobre quienes pesan solicitudes de extradición a los Estados Unidos, sin que el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas no solamente esté enterado, sino que dé su autorización expresa para ir adelante en un delicado y riesgoso operativo.
Porque si le concedemos al Presidente que esto es así, entonces hablaríamos de algo todavía más grave: la ausencia total de guía, dirección y rumbo en un gobierno sin cabeza, en el que cada quién hace lo que quiere. Y definitivamente no es el caso.
Si algo ha distinguido siempre a Andrés Manuel López Obrador es su obsesión por el control, por concentrar en su persona las decisiones más importantes y, por obviedad, el poder. No es un político que admita el disenso, la contradicción ni las opiniones diferentes a la suya. Sus decisiones no se cuestionan. Y quien se atreve, es expulsado de su círculo.
El cuento de que “no estaba informado” sobre el operativo en Culiacán es el mismo que ya contó cuando Gustavo Ponce, su entonces secretario de Finanzas en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, fue exhibido apostando grandes sumas de dinero en Las Vegas y su operador político más cercano, René Bejarano, grabado recibiendo y metiéndose fajos y fajos de billetes en todas las bolsas posibles.
Así como entonces, López Obrador quiere que otros carguen con sus responsabilidades y que el costo de las pifias y pésimas decisiones lo paguen otros y no él. Solo que esta vez ese costo lo está pagando el país, a un precio altísimo: el del derrumbe institucional, a través del empoderamiento de los criminales y la humillación de las fuerzas armadas.
El precio de la soberbia del Presidente puede llegar a ser incalculable. Y pagarlo, imposible.
Con los alcaldes, muy cabrones…
Y mientras con los narcotraficantes son “humanistas”, a los “anarquistas” evitan “reprimirlos” aunque destruyan a su antojo y a los vándalos disfrazados de estudiantes les aceptan cualquier chantaje, el gobierno de la autodenominada “cuarta transformación” lanzó gases lacrimógenos en contra de presidentes municipales que exigían una audiencia con el Presidente de la República en palacio nacional.
Con los alcaldes, muy cabrones. ¿Y con los narcos…?
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