Desde hace varios años, no pocos, la cultura de la denuncia de un delito ante las autoridades correspondientes, el Ministerio Público en este caso, se ha ido perdiendo, al grado de que en la actualidad nadie se anima; ni a acudir a una agencia a denunciar un delito del que fue víctima ni a llamar a la policía cuando ve que algo violento está pasando en su entorno que requiere de la presencia de la fuerza pública.
¿Por qué la gente no denuncia, y menos ahora que la 4T, por disposición de AMLO, ha regalado impunidad a los delincuentes? Porque es contraproducente.
Siendo Procurador de Justicia del Estado, un amigo personal nos puso a meditar sobre una queja que le planteamos. ¿Estás seguro que quieres que le entremos?, porque el riesgo que vas a correr es muy alto, si tú denuncias nosotros actuamos de inmediato, pero toma en cuenta que tus denunciados forman parte de una banda y van a buscar al autor de la chivateada para tomar debida venganza; así actúan ellos.
¿Quién, ante esa advertencia, va a querer ponerse en riesgo solo por cooperar con la sociedad a limpiar un poco los espacios donde convivimos con nuestras familias y amigos?, nadie.
Luego las versiones que nos dan personas que han sido víctimas de un secuestro, o de un familiar secuestrado y rescatado mediante el pago de una cantidad de dinero, en el sentido de que los dejaron en libertad con la condición de que no se atrevieran a denunciar porque entonces no responden por la vida de la familia, no solo de la víctima, inhibe cualquier intención de acudir a las autoridades a poner una denuncia.
Hay que agregar que ministerios públicos y policías, son los elementos que más desconfianza social generan, estudios de instituciones importantes revelan que de todos los servidores públicos los de menos confianza son ellos, y hay razones como la de que están coludidos con las bandas delictivas y, cuando alguien acude a ellos, de inmediato les pasan el pitazo a los delincuentes para que tomen medidas en contra de quienes los andan señalando ante las autoridades.
En fin, justificaciones sobran para que nuestra sociedad prefiera sufrir las consecuencias de un ataque de la delincuencia organizada, sin hacer nada, porque sabe que es mejor agachar la cabeza y aguantar, que denunciar, porque nadie garantiza seguridad.
¿Por qué los comerciantes se resisten a denunciar a quienes les cobran el derecho de piso, práctica tan socorrida en Xalapa por ejemplo, donde hasta los pobres taqueros tienen que pagar para poder trabajar? Pues porque quienes les cobran son peligrosos sicarios que no se tientan el alma para matar a quien sea que se resista a pagar ese tipo de extorsión o a quejarse, de ahí que cientos de pequeños y medianos comerciantes han cerrado sus negocios huyendo de la delincuencia.
Y nadie, ninguna autoridad, puede negar que lo que estamos diciendo no sea cierto, la sociedad que lo padece sabe que en la actualidad no contamos con nadie que nos brinde seguridad; esa asignatura, que es una obligación del Estado, no está contemplado cumplirla porque se ha dejado de hacer sin que ello implique una responsabilidad para los encargados de brindarla, al contrario, ellos participan del negocio compartiendo utilidades con los delincuentes: lana a cambio de impunidad.
Hace poco un titular de la Secretaría de Seguridad Pública invitó a tres periodistas a desayunar a sus oficinas, y tras un opíparo tragantín de frutas, jugos, café, pan, huevitos en diversas formas de guisado, más chilaquiles con tramos de cecina de primera, nos invitó a conocer la geografía delictiva del estado a través de unos monitores donde nos fue presentando a quienes se encargaban de cada una de las plazas del estado, cabecillas de células delincuenciales debidamente presentados ante los medios, o sea, nosotros.
Salimos del lugar y nadie, de los tres compañeros, se atrevió a hacer comentario de lo que habíamos visto… Confirmamos lo que se dice en la calle sin pruebas: las autoridades los conocen muy bien, saben cómo operan y dónde están, cuántos son y qué tipo de armas usan así como las estrategias que emplean.
Una de tantas ventajas que le vimos al nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a los morenistas, es que si ganaban la elección si los apoyábamos, tomarían las riendas del país y en Veracruz del estado, sin tener compromiso con nadie, particularmente con los jefes de las bandas delincuenciales; por lo tanto, las podrían combatir y erradicar en muy poco tiempo, con un buen titular en la Secretaría de Seguridad Pública que prescindiera de los servicios de personal coludido con los malosos, formando un nuevo equipo comprometido con la sociedad y a extirpar de Veracruz ese cáncer que tanta víctima ha dejado, pero no, al contrario, la estructura de la SSP se quedó intacta y hasta la reforzaron con conocidos delincuentes cuyos antecedentes están en las administraciones priistas y panistas, quienes se han encargado de enseñar a los nuevos lo que saben… Lo dicho, estábamos mejor cuando estábamos peor.
Durazo Montaño tendrá que comparecer
Aunque aún no determina fecha ni hora, el Senado de la República ya avaló un punto de acuerdo impulsado por el PAN para que comparezca cuanto antes el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño.
Lo anterior, luego de lo ocurrido en Culiacán, Sinaloa, por lo cual también le solicitaron al funcionario enviar a la brevedad un informe sobre el operativo en el que las autoridades permitieron la liberación de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “Chapo” Guzmán.
Los legisladores de oposición insistieron en que las autoridades deben dar explicaciones sobre lo ocurrido, pues se les han dado herramientas para implementar su estrategia de seguridad y esta no ha dado resultado.
“A la Administración federal se le han otorgado todas las herramientas que pidió para combatir la inseguridad. Le dimos la Guardia Nacional, extinción de dominio y prisión preventiva oficiosa. Lo sucedido en Culiacán demuestra no solo un operativo fallido, sino una estrategia de seguridad fallida completamente”, dijo el coordinador del PAN, Mauricio Kuri.
El legislador blanquiazul señaló que ya se cumplieron los seis meses que el presidente solicitó para comenzar a dar resultados en materia de seguridad, pero con lo sucedido en Culiacán y las pésimas cifras de combate a la delincuencia, se demuestra que “ni saben, ni quieren y ni pueden dar seguridad” a los mexicanos.
Por su parte, Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano, consideró que el Ejecutivo debe hacer una reflexión sobre lo ocurrido, pues “los problemas no se resuelven solo con buenas intenciones, se necesitan acciones claras”.
En las próximas horas, la Mesa Directiva tendrá que definir la fecha y hora de la comparecencia de Durazo, el formato de esta y si será en el pleno o ante comisiones.
REFLEXIÓN
Desafiante como es el exgobernador de Veracruz Miguel Ángel Yunes Linares, sale nuevamente en un video que reproduce El Universal en el que acusa al presidente López Obrador de ser un “desquiciado y un bocón” que combate la corrupción detrás de un micrófono, no como él lo ha hecho… está cañón. Escríbanos a mrossete@yahoo.com.mx
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