Los integrantes de la Comisión Técnico Jurídica para la Reforma Integral de la Constitución de Veracruz, en 1999, tenían claro que al Gobernador le interesaba realmente que se actualizara la Constitución del Estado, y que su diseño y contenido fuera vanguardista, porque un producto constitucional con estas características representaba un elemento certero de real politik, para potenciar un discurso fuerte de renovación social y ampliación democrática de alcances nacionales, en la construcción de expectativas serias para un proyecto que tuviera como objetivo político la Presidencia de la República. Sin embargo, el proceso constitucional estatal tomó su propio derrotero, separadamente de su instrumentación como elemento estructural dentro de un proyecto político definido en términos presidenciales. En septiembre de 1999, la comisión concluía el proyecto de constitución, en ese mismo mes, el Gobernador lo remitía al Congreso Local en forma de Iniciativa; y en noviembre iniciaban su análisis los diputados de todos los partidos, en comisiones legislativas. El proceso de aprobación en que ingresó la Iniciativa se tornó de inmediato en proceso de negociación: el PAN, partido político con el que tradicionalmente los gobiernos priístas acordaban reformas constitucionales de orden federal o local, rompía relaciones con el gobierno y, por tanto, retiraba su apoyo al proceso constituyente. El asunto adquirió rápidamente características de dificultad seria, porque los principios pétreos y las disposiciones de la Constitución Federal relativa a los Estados de la república, habían sido reformados a fines de los años ochenta y principios de los noventa, para establecer, entre otras situaciones generales, la imposibilidad de que un solo partido pudiera tener el número de diputados suficientes para lograr la mayoría calificada indispensable para reformar la propia Constitución Federal, o la de algún Estado.

Desde esos años, hoy día, para lograr una reforma constitucional se requiere, dominantemente, el concurso y acuerdo de al menos dos partidos políticos. La constitución veracruzana y su posibilidad de reforma integral mostraron la verdadera sustancia de todo proceso constituyente: antes que un código jurídico, una constitución es un código político y, por tanto, necesita acuerdos entre los actores, partidos y grupos de poder. El PAN quemó sus naves y nunca volvió a integrarse a la mesa de las negociaciones políticas. Y en un hecho sin precedentes el gobierno buscó al PRD, y los acuerdos sobre modificaciones de orden jurídico, al igual que los de orden político, se hicieron con los negociadores de este partido, no sin fuertes debates legales y desencuentros políticos; pero en la parte fundamental o crucial del proceso de aprobación de la nueva constitución veracruzana, el Congreso jugó el papel decisivo último para su aprobación. El 14 de enero de 2000, el Congreso, con los votos del PRI y el PRD, sustancialmente, aprobaba la reforma y de inmediato se hacía circular entre los municipios para que la aprobaran también, pues se requería –como hoy– la mitad más uno en pro para que las reformas pudieran declararse válidas y legítimas. Esto último sucedió el 4 de febrero, en una ceremonia de notable cobertura noticiosa. La nueva constitución veracruzana resultó un producto jurídico superior a la constitución que sustituyó, a pesar de algunas de las deficiencias técnico-jurídicas que sufrió el proyecto original en la fase de negociación política pura, y que se trataron de corregir con las modificaciones constitucionales publicadas el 18 de marzo de 2003, en la Gaceta Oficial del Estado… Seguiremos.