Buen día apreciable lector:

En medio de candentes rumores como jamás se había visto y oído, sobre concesiones a familiares de presidentes de salas, fáciles de comprobar, el  Poder Judicial de Veracruz está por definir si reelige al actual presidente o encuentra un afín al nuevo gobierno.

En eso llevará mano el titular del Ejecutivo, ajeno en la tésis, pero responsable en la realidad política de que el gobierno morenista quede marcado por el escándalo.

Los expertos consideran que no debiera ser presidente quien ha vulnerado las constituciones, federal y local, por violar derechos de ciudadanos y de miembros del mismo poder, designando magistrados sin ningún sustento legal, arrogándose facultades que solo le competen al ejecutivo y al legislativo.

Alegan que basta checar cuántos amparos ha perdido su consejo de la judicatura por esas violaciones. Apuntan que la reelección del representante del poder judicial puede llegar a constituir condiciones de gobernabilidad, por la forma de administrar justicia, pero el actual con sus desviaciones incurre en el caos.

Recuerdan no se debe ignorar que recientemente se reformó la constitución local, precisamente el numeral 59 donde se estableció que será motivo de retiro forzoso de un magistrado las siguientes hipótesis: haber cumplido diez años en el cargo sin ratificación; haber cumplido setenta años de edad; o, haber cumplido quince años en funciones.

No inadvirtiendo que los magistrados durarán en su cargo diez años, y podrán ser ratificados por un término de cinco; sin embargo, no se podría reelegir a un presidente con periodo como magistrado de diez años, como el actual, cuando su vigencia en la magistratura esté a punto de fenecer y no cuenta con la certeza de ser ratificado.

Lo anterior, máxime cuando la ratificación para prolongar un periodo de magistrado por cinco años más, tiene que ser avalada por  el  consejo  de  la  judicatura  cuyo  presidente  es  el mismo  que  se  pretende reelegir, lo cual sin duda, posicionaría en un conflicto de interés grave para el estado y conllevaría ir en contra del marco normativo y de la esencia misma y naturaleza del sistema democrático y anticorrupción, con un mensaje eminentemente negativo a la sociedad, que lo vería como tráfico de influencia en  el  máximo órgano  del  estado que tiene la encomienda de impartir justicia.
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