Los acuerdos publicitarios oscilan entre los 12 mil y los 40 mil pesos -ya no hay de los de antes- y para hacer bueno ese convenio tiene que cumplir una serie de requisitos y pasar una serie de filtros.
De entrada su espacio de información tiene prohibido hablar mal del gobernador Cuitláhuac García. Tampoco echar pestes del gabinete, ni tocar con el pétalo de una rosa al Peje.
Prohibido hacer público comentario adverso contra Morena, la 4T o todo programa, proyecto y causa gubernamental. Habrá que esperar asimismo el comunicado oficial antes de hacer pública una noticia que aluda al sector oficial.
No se puede ofender a Evo. Tampoco hablar mal de los países de izquierda como Cuba y Venezuela y de manera obligada pasar por el tamiz de un notario público que certifique diariamente que la propaganda, publicidad, gacetillas y notas favorables si se está difundiendo en el día a día, minuto a minuto.
Solo así se pagará, teniendo un capataz al lado que certifique que lo que escribas.
Y hay de ti si te atreves a censurar alguna acción de gobierno por tu face, por tu whats, o hacer pública una foto no favorable del gobernador comiendo tacos o bailando por instagram.
Tampoco puedes hacer eco de un comentario adverso en redes porque para fuera del convenio que tiene fecha de caducidad en el momento en que la autoridad lo estime conveniente.
Esa es pues la realidad.
Es la nueva era de las relaciones prensa estado en donde no solo se atenta a la libre expresión de las ideas, sino que además responde a toda una embestida de la 4T contra la crítica, contra la libertad de prensa y contra todo tipo de publicaciones contrarias al proyecto morenista.
Por ello a nivel federal, en la idea de que los estados hagan lo mismo, de amordazar a la prensa.
Ayer mismo se hizo pública una iniciativa de censura a los medios de comunicación en donde se busca criminalizar la difamación, sin precisar cuáles son las fronteras de la misma.
El perverso proyecto es tan ambicioso para sus fines, que la expresión de las ideas sobre el servicio público pudiera ser equiparable a delitos por el crimen organizado.
Así, de prosperar una iniciativa que ayer circuló en la ciudad de México, entre senadores, atribuida a la Fiscalía General de la República, la difamación sería un delito y tendrá penas más severas de cárcel.
Ello colocaría a México en un selecto grupo de países que también encarcelan las ideas como Bolivia, Guatemala, Cuba, Venezuela, Costa Rica y El Salvador, conforme a datos de la organización “Artículo 19”.
Y en el resto del mundo con naciones como Etiopía, Azarbayán. Vietnam, Irán y China.
Habrá que recordar que esta conducta fue despenalizada en México en el 2007 en donde se castigaba hasta con 7 años de cárcel lo que la autoridad consideraba difamación a través de un medio.
Este repentino cambio invitaría al gobierno de Veracruz, cuyos comunicadores han cuestionado muy severamente la forma de gobernar de Cuitláhuac García, a sumarse a dicha criminalización haciendo tabla rasa entre lo que es el análisis periodístico, el comentario editorial y la difamación.
Así, lo que de Fidel Herrera para acá se convirtió en una escalada de asesinatos o convenios millonarios para acallar o atemperar la crítica periodística, ahora con los Morenos –tan atascados de incapacidad y poca tolerancia-, será el mejor de los pretextos para amordazar a la prensa y poner tras las rejas a los periodistas incómodos.
Lo de hoy es ahogar a los periodistas con limosnas de convenios a cambio de la entrega total y en breve llevarlos hasta seis años de prisión por lo que consideren difamación más que crítica y análisis periodístico.
Ese será el mejor dividendo político que podrían esperar del cambio.
No cabe duda que vivimos en la era en donde las ocurrencias es el equivalente a la sabiduría.
Tiempo al tiempo.
*El autor es Premio Nacional de Periodismo
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