Ahora que ha trascendido que el gobierno de la 4T estaría investigando y documentando los nexos que en materia de negocios públicos se habrían dado durante el sexenio anterior entre los ex presidentes Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari --dos de cuyos ex colaboradores y recomendados ya están bajo proceso penal: Rosario Robles Berlanga, ex titular de la Sedesol y Sedatu, y Emilio Lozoya Austin, ex director general de Pemex--, en Veracruz no tarda en saltar el caso del inconcluso reclusorio federal de máxima seguridad que desde 2009, en la administración presidencial del panista Felipe Calderón, en plena "guerra contra el narco", comenzó a construirse en el municipio de Papantla sobre una superficie de 28.1 hectáreas y diseñado para resguardar a 2 mil 160 reos de alta peligrosidad.  

Y es que el columnista Salvador García Soto, de El Universal, comentó ayer que en pago "al apoyo y asesoría" que Salinas le brindó a Peña Nieto para llegar al poder, el mexiquense decidió "concesionarle" a su padrino, "como una suerte de 'terapia ocupacional' dos sectores estratégicos y con posibilidades enormes de hacer negocios: el sector energético, particularmente las rondas petroleras de la Reforma Energética y la concesión de nuevos yacimientos y plataformas petroleras; y la construcción de infraestructura para la seguridad pública, en forma de reclusorios que se concesionaban en un esquema público-privado."  

"Si en el tema petrolero Lozoya fue el operador incondicional colocado por el mismo Salinas para manejar todos los contratos de Pemex, con sus respectivos negocios y comisiones, en el tema de seguridad (Genaro) García Luna (ex secretario de Seguridad Pública con Calderón) fue quien diseñó el modelo de construcción de reclusorios concesionados a grandes empresarios que, a cambio de un contrato millonario del gobierno

federal, pagaban una generosa comisión que era repartida entre las dos cabezas principales: el presidente (Peña) y el ex presidente (Salinas", publicó el periodista García Soto, quien aseguró que un empresario le reveló que al menos él supo de siete reclusorios asignados para su construcción y operación a grandes inversionistas privados de México, cuyos contratos rondaban los 7 mil millones de pesos cada uno.

De acuerdo con la versión que le dio su entrevistado, quien condicionó que mantuviera su identidad en el anonimato, en el proceso de negociación con Salinas se dieron varias reuniones en su casa del sur de la Ciudad de México, y cuanto todo estaba listo, el ex presidente solía llamar para decir en clave: "está listo el tema, no te olvides de mandar el vehículo", refiriéndose supuestamente al dinero que sería repartido. 

El Complejo Penitenciario de Papantla, que se licitó en 2009 y que el entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna --actualmente preso en Nueva York, donde será juzgado por la presunta protección que como jefe de la SSP le brindó al cártel de Joaquín "El Chapo" Guzmán--, anunció con un costo original de 2 mil 600 millones de pesos, nunca entró en operación, ya que sólo se generó la estructura pero sin acondicionar el espacio para los internos. Sin embargo, de acuerdo con la revisión número 13-1-04D00-04-0058 practicada cuatro años después por la Auditoría Superior de la Federación, se detectó que para el año 2013 el gasto ascendía a 4 mil 539 millones de pesos distribuidos en 15 contratos: 4 de obra y 11 de servicios relacionados con las mismas, relativos a gerencia de proyecto, supervisión y Directores Responsables de Obra.

Al final de su sexenio, en julio de 2018, a través de la Secretaría de Gobernación el presidente Peña Nieto convocó a una nueva licitación para hacer operativo este reclusorio federal. Por adjudicación directa y mediante una Asociación Pública-Privada, el contrato para acondicionarlo le fue asignado a la empresa "Servicios, Infraestructura y Tecnología Papantla, S. A. de C.V.", que debió reiniciar los trabajos en julio de 2019 para concluirlos en noviembre de este año. La nueva inversión se fijó en 3 mil 959 millones de pesos, para cuya recuperación se fijó hasta el año 2042 la vigencia del contrato de la APP.

SALDAN ADEUDO FISCAL DE LA UV 

Muy buen hit acaba de pegar la administración del gobernador Cuitláhuac García al anunciar oficialmente su secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, que este viernes 24 realizarán el primero de cuatro pagos para liquidar a más tardar en el próximo mes de abril el adeudo que por 2 mil millones de pesos viene arrastrando desde hace cinco años la Universidad Veracruzana (UV) con el Sistema de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda.

Ayer, en las instalaciones de la Sefiplan, Lima Franco, acompañado de la Rectora Sara Ladrón de Guevara, explicó que el esquema de rescate fiscal de la UV consiste en cuatro pagos mensuales, de tal forma que dentro de tres meses quedará saldado el pasivo que dejó de cubrir la UV al SAT debido a la falta de pagos por parte del Gobierno del Estado desde el año 2014.

“No fue culpa de la UV, fue falta de probidad de las administraciones anteriores, pero nosotros lo estamos solucionando”, puntualizó el titular de la Sefiplan, quien resaltó que gracias al orden y disciplina del manejo financiero de su gobierno, el Ing. Cuitláhuac García Jiménez cumple con una de sus promesas y soluciona un problema heredado desde la gestión de Javier Duarte, el cual tampoco atendió el régimen del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares pese a ser otro destacado egresado de esta casa de estudios.