Mientras el municipio de Tamiahua asumía una posición firme contra la poderosa empresa canadiense y la enfrentaba en tribunales administrativos, otros municipios como Tuxpan optaron por “colaborar” con TransCanada (Infraestructura Marina del Golfo), bajo la promesa de apoyos económicos para obras y acciones de mejoramiento en comunidades.
El 21 de noviembre de 2018, representantes de TransCanada se reunieron con autoridades municipales de Tuxpan y firmaron un convenio de colaboración que incluía un donativo de 16 millones de pesos y obras en Laja de Colomán, El Salto, Tronconal, Banderas y colonia Fonapo.
Con estos arreglos, y bajo la protección del Gobierno del Estado, TransCanada se abrió paso en la región, provocando afectaciones con la introducción del gasoducto. La única que defendía a las comunidades pesqueras y poblaciones de campesinos era la alcaldesa de Tamiahua, Citlali Medellín.
La presidenta, junto con su cabildo, desde el 19 de noviembre de 2018 había revocado las licencias de construcción, uso de suelo, permiso de cambio de uso de suelo y anuencia, que indebidamente otorgó su antecesor Martín Cristóbal a TransCanada (Infraestructura Marina del Golfo).
En la Primera Sala del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz, se libró la batalla entre David contra Goliat, es decir entre las autoridades del pequeño municipio de Tamiahua y la gigante transnacional canadiense.
Las primeras batallas las ganó TransCanada-IMG, pero hoy, la empresa necesita que el gobierno de Tamiahua le otorgue la “Terminación de Obra”, para obtener el finiquito. La respuesta del municipio es: “primero que regularicen las licencias de uso de suelo y construcción… y después se les otorga la terminación de obra”.
La alcaldesa Citlali Medellín se mantiene más que firme y ha anunciado que está dispuesta a llevar el caso ante tribunales internacionales, para hacer valer la ley.
LA OTRA BATALLA PERDIDA DE TRANSCANADA
Además de la batalla administrativa que sostiene con Tamiahua; TransCanada y Bonatti han perdido la guerra en Puebla e Hidalgo, donde prácticamente el gobierno federal canceló la construcción de un tramo del gasoducto Tuxpan-Tula, en los límites de Puebla e Hidalgo.
El Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, de Puebla, concedió la suspensión definitiva de las obras del gasoducto, tras una primera suspensión provisional concedida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito.
La tubería cruzaba por lugares sagrados otomíes, amenazaba mantos freáticos de una vasta región y ponía en riesgo la biodiversidad y sustentabilidad del bosque. Ante ello, el llamado Consejo Regional de Pueblos Originarios en defensa del Territorio de Puebla e Hidalgo inició la resistencia civil y batalla legal, logrando la cancelación del proyecto.
El propio presidente López Obrador anunció esta semana que no permitirá que el gasoducto cruce por esta zona, lo que obligará a la empresa a replantear el proyecto y pasar la tubería por otro lado.
El municipio de Tamiahua y los pueblos de Hidalgo y Puebla demostraron que, con dignidad y valentía, sí se puede vencer a Goliat. PEGA Y CORRE.- Verónica Hernández Giadáns, titular de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, le dio clases de política a muchos y demostró tener más pantalones que algunos hombres que dicen tener. Porque reconoció que es familiar de una operadora de Los Zetas, y enfrentó las críticas al decir: “No voy a negar un parentesco, a la familia no se le elige, afortunadamente a los amigos sí, pero ni por los amigos, ni por la familia o los actos que ellos realicen puedo yo responder, yo soy únicamente responsable de lo que yo haga o de mis palabras”, si comparamos este argumento con el de otro que prefirió culpar a su abuelita por tener un primo hermano en la subsecretaría de Finanzas, antes que reconocer su responsabilidad, encontramos que hay lecciones que avergüenzan a quienes tienen la pena escondida en el closet… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
angelalvarop@hotmail.com |
