Se puede atribuir a su novatez en el ejercicio del poder, otros se atreven, incluso, a calificarlo como “soberbia”. Lo cierto es que quedó muy claro que en el gobierno de Cuitláhuac García nadie se imaginó el ruido mediático que iba a causar la -¿valiente?- confesión de la responsable del despacho en la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernández Giadans de que Guadalupe Hernández Hervis, apodada “La Jefa”, quien ha sido señalada de operar para la organización criminal conocida como “Los Zetas”, es su prima hermana.
Fue tema a nivel nacional y hasta en San Lázaro, la fracción parlamentaria del PRD pidió la destitución inmediata de la servidora pública y que el Centro Nacional de Certificación y Acreditación haga públicos los resultados de los controles de confianza aplicados a la funcionaria en donde ella asegura haber proporcionado la información sobre tal parentesco.
A nivel local se dieron también manifestaciones en ese sentido.
El presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), Emilio Cárdenas Escobosa, señaló que Verónica Hernández Giadans debe ser removida del cargo porque se le presenta un conflicto de intereses y le sugirió al Congreso local que dé vista del caso a la Fiscalía General de la República (FGR) para que esta inicie una investigación en contra de la funcionaria.
Como suele suceder cuando un tema se sale de control, antes de pensar en resolverlo, la primera reacción fue buscar a quién echarle la culpa. En principio voltearon a la acera de enfrente, en busca de algún “emisario del pasado”, alguno de esos diputados que se empecinan en ver todo lo negativo del gobierno de Morena.
Nada. El golpe no llegó por ahí.
Resulta que la pregunta a la encargada de la Fiscalía –con su respectiva réplica- se la hizo un legislador hoy adherido a la bancada de Morena y quien hasta el año pasado ocupaba la Presidencia de la Mesa Directiva: José Manuel Pozos Castro.
Hay una versión que durante este miércoles fue tomando fuerza: El desaguisado es producto de las guerras internas del gobierno de Cuitláhuac García.
Han sido muy conocidas –y comentadas- las serias diferencias que existen entre el responsable de la gobernabilidad en el estado, Éric Cisneros, y el no-primo del gobernador, el poderosísimo subsecretario de Administración, Eleazar Guerrero.
Resulta que justo en la víspera de la comparecencia de la encargada de la FGE, la periodista Claudia Guerrero (la misma que exhibió en su momento el parentesco entre Cuitláhuac García y Eleazar Guerrero y que también diera a conocer el vínculo familiar entre Verónica Hernández y “La Jefa”) publicó un artículo en el que exhibió presuntas celebraciones con derroche de licor y “damas de compañía”, en las que habrían participado servidores públicos de la administración estatal, entre los que mencionó a Eleazar Guerrero Pérez, a su hijo Eleazar Guerrero Barrera, y a Hazael Flores Castro.
Lo singular del reportaje es que menciona que desde la Fiscalía General del Estado se han dispuesto de elementos de la Policía Ministerial para que sigan a los funcionarios arriba mencionados, con lo que han recopilado información y fotografías de todo lo que hacen, de los sitios donde suelen reunirse y de las personas que los acompañan.
La reacción –dicen- no se hizo esperar. El propio no-primo del gobernador habría dado la instrucción, al diputado José Manuel Pozos Castro (uno de sus hijos, José Manuel Pozos del Ángel, labora gracias a los oficios del propio Eleazar Guerrero, como subsecretario de Planeación) de que aprovechara la comparecencia de la encargada de la Fiscalía para lanzarle el obús.
El golpe fue tan certero y causó tal impacto, que su renuncia es casi obligada.
Imaginen que se dé el caso (si es que no ha sucedido ya) que en las mesas “por la construcción de la paz” se traten asuntos relacionados con la prima hermana de la encargada de la Fiscalía. ¿La harían participe de esas charlas?
Peor aún: Imaginen que en las investigaciones contra organizaciones criminales salga a la luz que otros familiares de Verónica Hernández estén vinculados a las actividades ilícitas de su prima. ¿Actuará la encargada de la Fiscalía contra ellos?
Se trata, simple y llanamente, de conflicto de intereses y, por lo tanto, es una condición inaceptable para tan delicado cargo.
Como bien dijo el dirigente estatal del PRI, Marlon Ramírez: “¡qué pesado se llevan!”.
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Epílogo.
El litigio del exgobernador de Veracruz Javier Duarte enfrenta un nuevo escenario. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) impugnó el amparo que permitió a Javier Duarte apelar la condena de 9 años de cárcel que le fue impuesta por lavado de dinero y asociación delictuosa. El organismo de la Secretaría de Hacienda presentó un recurso de revisión contra ese amparo y pidió que éste sea resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). *** La Corte analizará el recurso de la UIF y de haber algún aspecto relacionado con la constitucionalidad de una norma admitirá la revisión. De lo contrario, la impugnación será desechada. *** No es que esté “descubriendo el hilo negro” el secretario de Finanzas, José Luis Lima Franco, al señalar que el Instituto de Pensiones del Estado (IPE) enfrenta un severo déficit operativo. Lo que sí hizo fue detallar la magnitud de ese problema: En la actualidad tres trabajadores activos sostienen, con sus aportaciones, a un pensionado en Veracruz, cuando la cifra óptima para que opere de manera regular este sistema, es de 12 activos por cada pensionado. *** Lima Franco informó que el Gobierno de Veracruz seguirá otorgando el subsidio al IPE, por lo que en 2020 (calcula que el apoyo adicional será cercano a los 3 mil 400 millones de pesos, o hasta más) pero anticipó que la intención es “sanear financieramente al IPE”. Que así sea.
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