En el documento, este organismo critica que México “prometió adoptar un enfoque de la migración basado en los derechos humanos”, pero que ante las amenazas de Estados Unidos con la imposición de aranceles comerciales, el gobierno “cambió su posición, con graves consecuencias para las personas migrantes y solicitantes de asilo”.
Se puntualiza que la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza aprobada por el Congreso de la Unión para darle un marco legal a la Guardia Nacional no cumple “con el derecho y las normas internacionales de derechos humanos”, pues no incorpora “de manera precisa los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, prevención y protección de la vida” y da cabida “al uso de la fuerza letal en circunstancias no previstas por el derecho internacional”.
También se enfatiza que el arresto y la detención arbitraria siguen siendo generalizados y muchas veces derivan en otras violaciones, como la tortura, ya que “los agentes encargados de hacer cumplir la ley” siguen “sin tener en cuenta los derechos de las personas detenidas”, mientras que una reforma legal amplió la lista de delitos a los que les es aplicable la prisión preventiva oficiosa, impidiendo a los jueces evaluar la necesidad de la misma en cada caso y eludiendo la revisión periódica de la detención, con lo que se viola el derecho a la presunción de inocencia.
La tortura y las desapariciones forzadas a manos de agentes del Estado y no estatales –continúa el informe de AI- siguen siendo “un importante motivo de preocupación”, ya que los responsables gozan “de una impunidad casi absoluta”. Y agrega un dato escalofriante: “las autoridades federales declararon que, a 31 de diciembre, había al menos 61 mil 637 personas desaparecidas” en México.
Un apartado toral del informe de Amnistía Internacional es el de “Violencia contra Mujeres y Niñas”, en el cual se hace hincapié en que la violencia de género es “generalizada”, que las autoridades no investigan esos delitos y los responsables rara vez comparecen ante la justicia, mientras que se abrieron mil seis investigaciones por feminicidios.
“Las autoridades mantenían en 18 estados 20 protocolos conocidos como ‘Alerta de violencia de género contra las mujeres’. Esos mecanismos de alerta, establecidos por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, dependían de esfuerzos coordinados para confrontar y erradicar la violencia contra mujeres y niñas. Al terminar el año, no había ninguna señal de que los mecanismos de alerta hubieran reducido la violencia de género”, sentencia Amnistía Internacional.
Asimismo, subraya que los defensores de derechos humanos continuaron sufriendo “amenazas, acoso y ataques a causa de su trabajo”, mientras que 23 de ellos fueron asesinados, sin que se registraran avances significativos en las investigaciones sobre estos homicidios.
En materia de libertad de expresión, Amnistía Internacional reportó que “continuaron las amenazas, el hostigamiento, las agresiones e incluso los homicidios contra periodistas. Al menos diez periodistas, hombres y mujeres, fueron asesinados. Las autoridades no realizaron avances significativos en las investigaciones de esos delitos. El gobierno federal no anunció en el curso del año ningún plan sustancial para proteger a ese colectivo. Los periodistas expresaron su preocupación por el menosprecio mostrado por el presidente hacia los y las profesionales del sector y los medios de comunicación que criticaban sus políticas, pues dicho menosprecio podía tener un efecto disuasorio”.
Y mientras Amnistía Internacional presentaba este demoledor informe que exhibe mundialmente al gobierno mexicano –junto con varios más, no solo habla de nuestro país, cabe mencionar-, la presidenta espuria de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra, está ocupada colaborando con la destrucción de la autonomía de los órganos electorales. Y el presidente López Obrador se enfoca en asuntos tan “importantes” como… recibir beisbolistas en Palacio Nacional.
En lo que México arde, Nerón toca la lira.
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