Prefacio.

El Congreso local emitió la convocatoria para buscar al nuevo comisionado del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), en virtud de que concluye su período en ese cargo Yolli García Álvarez. *** El Artículo 67 de la Constitución local advierte que para el nombramiento de un Comisionado del IVAI, el Congreso del Estado, “previa realización de una amplia consulta a la sociedad”, (lo que, es evidente, no se ha cumplido) recibirá la propuesta de los grupos legislativos y, con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, nombrará a quien deba cubrir la vacante. *** La cultura de la transparencia y de la protección de datos personales está en pañales. Hay, en efecto, herramientas jurídicas para avanzar más en estos temas, pero se requiere voluntad de quienes gobiernan para que los ciudadanos tengan acceso a la información y se sientan seguros al momento de proporcionar sus datos. *** Por eso llama la atención que el marco legal no considere, como valor fundamental para la elección de los comisionados, su experiencia o antecedentes en esa materia. *** Quienes pretendan ocupar la plaza de comisionado deben cumplir, entre otros, los requisitos de contar con título profesional y “preferentemente”, con estudios de posgrado; gozar de buena reputación, prestigio profesional, “y contar, preferentemente, con experiencia en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales”. *** La ley advierte, además, que en la conformación del Instituto “se procurará la equidad de género”, por lo que se asume que si quien deja el cargo es una mujer, otra dama será quien la sustituya. *** Un consejo a los legisladores veracruzanos: privilegien la experiencia y la formación profesional, para evitar que un órgano tan importante como el IVAI, se estanque durante el período de aprendizaje del nuevo miembro.

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Seguramente con la anuencia (quizá hasta la “instrucción”) de su jefe político, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el hecho es que el gobernador Cuitláhuac García está moviendo sus piezas para asumir el control del partido que lo llevó al Poder: Morena.

Desde hace un par de semanas se ha hecho evidente el trabajo que realizan, de forma conjunta, el titular de la bancada de Morena en el Congreso local, Juan Javier Gómez Cazarín, y quien fuera el coordinador de asesores del gobernador, Esteban Ramírez Zepeta. Ambos “cuitlahuistas” de cepa, ambos leales -frente a cualquier prueba- a quien consideran su jefe político en la entidad, el gobernador Cuitláhuac García.

Este ejercicio de operación política no es novedoso. Aunque ha habido gobernadores que optaron por mantener una “sana distancia” con el partido que los llevó al Poder, muchos otros, sin embargo, convirtieron a su partido en una oficina más de la administración estatal, pusieron y quitaron dirigentes a su antojo, a la vez que sostenían –con cargo al erario- las abultadas nóminas de esos organismos políticos.

Los nombres, todos los conocemos.

Llama la atención en este caso que la mayoría de los analistas políticos se hayan “ido con la finta” y asumieran que el manejo político, la estrategia electoral de Morena en Veracruz, quedaría en manos del poderoso secretario de Gobierno, Éric Cisneros Burgos.

No es así. La mancuerna que conforman Gómez Cazarín y Ramírez Zepeta ha ido construyendo una sólida propuesta que llegará fuerte y respaldada por todos los grupos al interior de ese organismo político, de manera que –al menos en materia electoral- Veracruz no se convierta en otro dolor de cabeza para los operadores a nivel nacional.

Desde que Manuel Huerta Ladrón de Guevara dejó la presidencia del comité estatal de Morena para convertirse en el delegado del gobierno federal en Veracruz, ese partido político no ha tenido un dirigente formal y ha sido “operado” (si así se le puede llamar) a través de emisarios del comité nacional, ese mismo comité que dio muestras de su desunión, al grado de que tuvieron que intervenir los tribunales electorales para dirimir sus diferencias.

Morena se prepara para renovar su dirigencia en Veracruz, antes de que se inicie de manera formal el proceso electoral del 2021, en el que habrán de ser elegidos presidentes municipales, diputados locales y diputados federales. Es por eso que adquiere especial relevancia que sean dos de los personajes políticos más cercanos a Cuitláhuac García, los que se encarguen de operar la sucesión en ese partido.

El reto no es menor. Será el primer proceso electoral por el que habrán de transitar en calidad de “partido en el Poder”, con el desgaste que eso representa. Pero tanto Juan Javier Gómez Cazarín, como Esteban Ramírez Zepeta han dado muestras de su compromiso con la llamada “cuarta transformación” y habrán de entregar buenas cuentas.

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Epílogo.

El Gobierno de Veracruz no ha concluido la nueva reestructuración de su deuda pública, por lo que la Secretaría de Finanzas (Sefiplan), está licitando entre las instituciones bancarias, un financiamiento por 18 mil 945 millones de pesos. Los bancos interesados deberán ofrecer instrumentos financieros a través de la formalización de uno o varios contratos de intercambio de flujos. *** Esta medida ya fue aprobada por el Congreso del Estado, cuando se le solicitó que permitiera contratar créditos de hasta 41 mil 769 millones de pesos para el refinanciamiento de la deuda pública. *** El comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública para explicar las razones del desalojo de manifestantes en la Cumbre Tajín, deja ver con claridad dónde estuvo el error. En el primer punto de sus “aclaraciones” la corporación policiaca afirma: “Las personas armadas con machetes y palos mantenían bloqueada la entrada al Parque, recinto de las actividades de la Cumbre Tajín 2020, por lo que las autoridades policiales entablaron diálogo con el líder de la organización, Antonio Hinojosa Saldaña”. ***¿Quién les dijo que tenían que ser “las autoridades policiacas” las que se encargaran de “dialogar” con los manifestantes? Es por elemental sentido común. El diálogo tendría que haber sido a través de representantes de la secretaría de Gobierno. Llegar a “dialogar” con uniforme de policía, con pistola al cinto y granaderos a tus espaldas, lo único que provoca es que los quejosos se alteren y extremen sus expresiones de rechazo. *** Se complica la situación jurídica de la exsecretaria de Finanzas Clementina Guerrero, pues no acudió a la audiencia a la que fue citada el pasado viernes, en los juzgados de Pacho Viejo. Ya existe una orden de aprehensión en su contra, girada por un juez el 11 de noviembre de 2019, por lo que se podría considerar que está incurriendo en un desacato y se aplicarían “medidas de apremio” para que acuda ante el juzgador. *** Y a propósito de servidores públicos con problemas legales, la justicia federal le negó al exdiputado Érik Iván Aguilar López el amparo solicitado en virtud de que su demanda “es irregular en cuanto a la narración de los hechos”.

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