En un pasado no muy lejano, cuando el otrora todopoderoso régimen priista en Veracruz tenía necesidad de sacar adelante alguna enmienda para la cual requiriese el voto de los partidos de oposición, los usos y costumbres demandaban aplicar aquella máxima obregonista de los “cañonazos” económicos a los que nadie se resiste.

Así, comprando voluntades, conciencias y lealtades, gobiernos como los de Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa lograron que el Congreso local les aprobara desde la infame bursatilización del impuesto a la tenencia que endeudó por varias generaciones a los veracruzanos, hasta la gubernatura de dos años con la que se pretendió inhibir la participación de los adversarios del duartismo en los comicios de 2016, y que significó un periodo perdido para el estado.

“Lo que cuesta dinero, sale barato”, era el apotegma con el que esos gobiernos basaban su “filosofía” del cohecho: si para lograr mis fines tengo que “invertir” una considerable suma de dinero –con varios ceros incluidos- en comprar “opositores”, el gasto vale la pena. El pragmatismo más vulgar tomado, literalmente, como moneda de cambio de una práctica política completamente corrupta, desprovista de principios que no fueran los del poder por el poder. Aunque valga decirlo, nada que no se pudiese esperar del PRI.

Pero resulta que en pleno 2020, en la era de la dizque “cuarta transformación”, el régimen que jura que llegó para “moralizar” la vida pública del país y del estado recurre a las mismas añejas y podridas prácticas con tal de alcanzar objetivos igual de abyectos que los de ese pasado no tan lejano.

La reciente reforma a la Constitución Política del Estado de Veracruz presentada por el morenato como “la panacea” para reducir el gasto público en los partidos políticos, no es sino una trampa para disminuir a su mínima expresión a la oposición al dejarla sin dinero para hacer campaña, mientras Morena tendrá a su disposición todo el poder y los recursos del Estado. Justo como el viejo PRI, en el que cada día se refleja más. 

Además, se desaparecen los consejos electorales municipales para la elección de ayuntamientos, trasladando sus funciones a los consejos distritales del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, algunos de los cuales tendrán la responsabilidad de recibir la votación de más de una decena de municipios, restando certeza a los conteos y cómputos de los sufragios, lo cual es a todas luces una regresión. El sello de la casa lopezobradorista.

Y ya de pasada, se excluyó de los mecanismos de consulta para permanecer en el cargo –de los que tanto alardea el presidente Andrés Manuel López Obrador- a los servidores públicos estatales, con lo que claramente se busca proteger al actual gobernador que, ante su pésima gestión, no resistiría someterse a un referéndum de su mandato.

Dicho bodrio legislativo a modo del régimen gobernante, aprobado este martes en el Congreso del Estado de Veracruz y con el que Morena desmantelará financieramente a los demás partidos y estructuralmente a los órganos electorales en los comicios locales del año entrante, no habría sido posible sin el voto favorable de los infaltables esquiroles mercenarios de supuesta oposición, que en este caso fueron los diputados Rodrigo García Escalante del PAN, Alexis Sánchez García de Movimiento Ciudadano, Antonio García Reyes del PRI y Andrea Yunes del Partido Verde Ecologista.

Sobre los primeros tres ya penden amenazas de expulsión de sus actuales partidos, lo que les allanará el camino para entregarse al régimen de la “4t” sin necesidad de simular más. 

En el caso de Andrea Yunes, pretenden continuar con el circo, pues mientras su padre el diputado federal del PRI Héctor Yunes Landa despotrica en redes en contra de esta reforma y hasta anuncia la interposición de recursos de inconstitucionalidad, ella con la mano en la cintura se abraza con el morenato.

Y lo peor es que deben haber salido increíblemente baratos. Casi regalados.

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