Desde que se supo de la ejecución de Francisco Navarrete, el pasado fin de semana, la referencia obligada, en todas las notas informativas, era la vinculación de este personaje, a quien apodaban “El Primo”, con el secuestro y asesinato de cinco jóvenes originarios de Playa Vicente, el 11 de enero de 2016.
Bernardo Benítez Arroniz (25 años), José Benítez de la O (24 años), Susana Tapia Garibo (16 años), Mario Arturo Orozco Sánchez (27 años), y Alfredo González Díaz (25 años) regresaban a sus hogares luego de pasar un fin de semana en el puerto de Veracruz, cuando fueron detenidos sin causa justificada en el municipio de Tierra Blanca por la policía estatal.
Los elementos de Seguridad Pública los entregaron a presuntos integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quienes los torturaron y asesinaron.
Sus cuerpos fueron incinerados y luego arrojados a un río cercano.
Francisco Navarrete, señalado por pobladores de Tierra Blanca como el “jefe de plaza” del CJNG fue detenido por elementos de la Policía Federal, justo dos semanas después de la desaparición de los jóvenes.
En un comunicado, el gobierno estatal expuso que “personal de la División de Gendarmería de la Policía Federal capturó a Francisco Navarrete Serna, quien presuntamente coordinaba la distribución de droga, la operación de secuestros y posiblemente varias ejecuciones cometidas en ese municipio (Tierra Blanca)”.
Sin embargo, en marzo de 2019, gracias a un amparo conseguido por sus abogados, que alegaron fallas en el proceso, Francisco Navarrete obtuvo su libertad.
De inmediato retornó a Tierra Blanca y puso en marcha proyectos de inversión que había iniciado antes de su captura, entre ellos, un periódico regional al que bautizó como “El Sol de Tierra Blanca”.
La noche del pasado viernes, mientras participaba en un evento organizado por su periódico, un grupo armado irrumpió en la fiesta y disparó contra los presentes, lo que dejó un saldo de siete fallecidos, entre ellos el propio Francisco Navarrete.
“Se fue sin pagar por lo que hizo, sin decirnos por qué (...) mientras que algunos seguimos muertos en vida”, opinó la señora Rocío Arróniz, tía de Alfredo González, uno de los cinco jóvenes desaparecidos en aquella zona en 2016.
“El que a hierro mata, a hierro muere… pero eso no es justicia”, sentenció doña Rocío.
Y mientras en Tierra Blanca tratan de recuperar la “normalidad”, muy cerca de ahí, en la carretera Boca del Río-Paso del Toro, la mañana de este miércoles aparecieron varias mantas, colocadas en puentes viales y peatonales, en las que se acusaba a elementos de la Policía Estatal y de la Fuerza Civil de privar de la libertad y desparecer a unaa pareja de jóvenes (Jimena Ruiz López y Leonardo Vargas Alcántara), el pasado 28 de mayo.
Las lonas apuntaban que la pareja, que viajaba en una camioneta Ford Ranger, color gris, fueron detenida en la carretera federal, tramo Boca del Río-Paso del Toro, para una inspección a su vehículo.
Desde ese momento ya no se supo más de ellos.
La familia de la joven Jimena Ruiz López denunció su desaparición, por lo que se emitió alerta y se abrió la carpeta de investigación.
Ojalá no estemos frente a un caso similar al ocurrido en enero del 2016 y que pronto aparezcan con vida estos dos jóvenes. Las autoridades de Veracruz (“muy distintas” según ellos, a las de hace cuatro años) deben hacer lo necesario para que este caso quede resuelto.
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Epílogo.
México superó este miércoles los 100 mil casos confirmados de coronavirus. La Secretaría de Salud informó que ya son 101 mil 238 las personas contagiadas por el nuevo coronavirus en en el país. De todos esos casos, 16 mil 829 permanecen activos, es decir, que presentaron síntomas del virus en los últimos 14 días. *** José Luis Alomía, director General de Epidemiología informó además que los decesos en México por la enfermedad ascendieron a 11 mil 729. Mientras tanto, los casos sospechosos acumulados aumentaron a 44 mil 869. *** Una más en la que el Poder Judicial le da “palo” al gobierno federal. La Suprema Corte otorgó una suspensión al Instituto Nacional Electoral (INE), al Banco de Mexico (Banxico) y al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) cuyo efecto es que los altos funcionarios mantengan su salario de 2019, los cuales son superiores a lo que percibe el Presidente del República. El efecto de la suspensión se mantendrá hasta que el pleno de la propia Suprema Corte resuelva en definitiva las controversias constitucionales promovidas por órganos autónomos contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, vigente desde diciembre pasado. *** Estas tres suspensiones se suman a las que el 27 de mayo pasado la propia Suprema Corte concedió al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), con los mismos efectos. El tema de los salarios de los servidores públicos federales deberá ser resuelto por el pleno de la Suprema Corte sin que haya aún una fecha definida para ello. Los ministros deberán establecer si los organismos autónomos están en libertad constitucional de definir el monto del salario de sus empleados, incluso, por encima del que percibe el presidente de la República; o bien, si el ingreso del presidente debe prevalecer como base para establecer el tope salarial de toda la burocracia federal.
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