Y es que más de $177 de millones de pesos es una tremenda brutalidad de dinero, y aun con estos recursos que le estarán llegando, alegan que se tendrán que ajustar a esta política de austeridad impulsada por el Gobierno de Veracruz.
Cabe destacar que muchos agoreros vaticinaron que no pasaría esta reforma constitucional aprobada por en el Pleno el pasado 12 de mayo, que no le darían los números. No obstante, con actas de cabildo en mano, Veracruz dio un paso muy importante y determinante en el fortalecimiento de la democracia, rompiendo las viejas costumbres de la nueva oposición que buscaba mantener beneficios a costa del pueblo.
Ya veremos cómo es que se ajustan el cinturón y si los dirigentes se adaptan a esta nueva forma de vida, porque sería una verdadera incongruencia que con el objeto de seguir disfrutando de sus privilegios, sea la clase trabajadora la que sufra, con una cascada de posibles despidos tanto en las oficinas del azul, rojo y amarillo.
Esto sería un clavo más al ataúd.
POR CIERTO, la diputada Anilú Ingram Vallines llamó al Gobierno federal y al de la Ciudad de México a fortalecer acciones a fin de garantizar la dotación de productos destinados a la protección del personal del servicio de limpia y así tengan alguna defensa contra el Covid-19, acción que se debe de replicar en todo el territorio nacional.
La veracruzana pidió que se emprendan mecanismos de apoyo y seguimiento, a quienes presentan sintomatología, en el acceso a los servicios de salud, así como respaldo a los familiares de quienes pierdan la vida a consecuencia del coronavirus.
Y es que es fundamental que los tres órdenes de gobierno, de manera conjunta amplíen recursos económicos, humanos y de infraestructura, para que las personas dedicadas a la recolección, separación y disposición final de los residuos sólidos lo hagan bajo un esquema seguro y de calidad.
Aquí, muy bien.
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