Inmediatamente después de que el pasado martes la Junta de Coordinación Política del Congreso local, presidida por el diputado morenista Juan Javier Gómez Cazarín, determinó que no serían ratificados en el cargo los magistrados Edel Álvarez Peña, Fernando Charleston Salinas, Víctor Manuel César Rincón y Gladys de Lourdes Pérez Maldonado, cuyos periodos de diez años concluirán el próximo 30 de julio, comenzó a circular una lista de prospectos supuestamente “amarrados” para ocupar esas magistraturas en el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE).

Lo que llamó la atención es que al trascender sus nombres, curiosamente no se destacaron sus méritos y capacidades profesionales como juristas ni sus trayectorias y experiencia en las instituciones encargadas de administrar y procurar justicia, sino que se les ha descalificado por sus vínculos sentimentales, ligas familiares y, por supuesto, por la protección de poderosos padrinos políticos.

Los mismos vicios que imperaron en las administraciones estatales pasadas del PRI y del PAN.

Obviamente, la que ha llevado la peor parte ha sido Mayra Angélica Martínez Juárez, pareja sentimental de Guillermo Benjamín Díaz Martínez, quien además de estar a cargo de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado es hijo de la magistrada Sofía Martínez Huerta, presidenta del TSJE y del Consejo de la Judicatura, donde hasta hace poco su nuera se venía desempeñando como secretaria de Acuerdos.

El problema de doña Sofía es que precisamente como presidenta del Consejo de la Judicatura se encargó de emitir los dictámenes técnicos “no favorables” para que los magistrados designados en 2010 no fueran ratificados por el Congreso local para un segundo periodo de cinco años, tal como lo permite el artículo cuarto de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado

De los cuatro magistrados vetados, hasta ahora solamente Pérez Maldonado ha ventilado públicamente su inconformidad con el dictamen técnico desfavorable.

Según reveló, el pasado 29 de enero solicitó al Consejo de la Judicatura se iniciara el procedimiento de ratificación de su nombramiento como magistrada, conforme lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en cuyo capítulo VIII, artículos 209 al 213, establece un periodo no mayor a seis meses previo a la conclusión del cargo de diez años para el que fue nombrado el magistrado, para que el CJEV analice su situación y desempeño y emita un dictamen técnico, favorable o no favorable, respecto de su ratificación.

El 3 de junio último le notificaron que la consideraban no apta para continuar en la magistratura. Ante ello, cinco días después presentó en tiempo y forma el recurso de reclamación en contra del dictamen técnico no favorable emitido en su contra. Pero el 10 de junio le confirmaron la determinación.

La opinión fue enviada al Congreso local y turnada el 22 de junio a la Junta de Coordinación Política, cuyo decreto legislativo se publicó el 7 del presente mes en la Gaceta Oficial del Estado.

Así, doña Sofía parece haber amarrado para su nuera al menos una de las cuatro magistraturas que quedarán vacantes a finales de este mes.