Ello a la postre lo cual obligó a la dependencia a brincar las irregularidades, por más de 900 millones de pesos a marzo de este 2020, para justificar el gasto a como diera lugar.
Habrá que insistir en que todo ello es resultante de la entrega de obra pública y concesiones sin concurso a parientes, chairos desocupados -hoy constructores- y amigos del gobernador.
Para este año siguiendo con la misma dinámica corrupta de preferenciar la obra pública, no hubo más que justificarse entregando obras de medio pelo para la fotografía del mandatario.
No hay nada de trascendencia en favor de los 700 kilómetros nuevos de carretera que requiere Veracruz mismos que el gobernador se comprometió a cumplir al arranque de su mandato.
A las quejas de los empresarios veracruzanos, constructores independientes y organizaciones sociales, se suma la disposición de la Fiscalía General del Estado de no recibir demanda alguna en contra de SIOP.
Mientras SEFIPLAN esconde las cifras y reportes financieros evadiendo un deber legal ya que el artículo 179 del Código Financiero del estado de Veracruz, obliga a la institución a entregar cada 90 días un reporte del gasto público.
Habrá que recordar que en 2019 el gobierno de Cuitláhuac García devolvió cuatro mil millones de pesos a la Federación por subejercicio.
En el DIF sucede algo parecido.
Luego de quedar al descubierto manejos oscuros que dieron lugar a la desaparición de 450 millones de pesos por “moches”, se obligó a renunciar a su titular Verónica Aguilera Tapia, quien salió echando pestes y amenazando con dar nombres y destapar la cloaca.
La silenciaron y dejaron que se llevara la talega.
Con el arribo de la nueva titular Rebeca Quintanar, se abrió la esperanza de una conducción honesta en favor de la familia veracruzana. Sin embargo, el remedio salió peor que el trapito.
La mano del primo hermano cómodo del gobernador, el intocable expriista Eleazar Guerrero, que tiene en el área de compras y contratos a su hija Nitzia Guerrero Barrera y la sombra de la diputada Ana Miriam Ferraez, de la familia de radiodifusores, dio al traste con toda esperanza de evitar el saqueo.
Las cosas en el DIF se volvieron grotescas a grado tal que en tiempo de pandemia anuncian que se siguen entregando desayunos escolares ¿a quiénes si las escuelas están cerradas y los menores en sus casas?
Han sido asimismo descubiertas burdas maniobras como la entrega clandestina de millares de despesas a la mansión de Ana Miriam Ferraez y de la diputada Rosalinda Galindo, quien, entre paréntesis, tiene colocados a 19 parientes en el aparato de gobierno.
En un documento hecho público se revela que el Gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, fue quien violentó la Ley de Asistencia Social en Veracruz, la cual impide que los apoyos a personas vulnerables sean entregadas por actores políticos, en este caso por los diputados locales y federales de Morena.
Sin embargo, de acuerdo a la circular DG/OC/015/2020, el pasado 16 de abril, en un texto oficial firmado por la titular del DIF, Rebeca Quintanar Barceló, se informa a los legisladores de Morena, que “por órdenes del Gobernador”, sean ellos quienes ahora entregarán las despensas a la gente que lo necesita y por lo tanto la funcionaria estatal se lava las manos al puntualizar que es una indicación del mandatario.
Ese es el tamaño de las raterías, pero no pasa nada.
Nadie del gobierno -por supuesto menos el atarantado de Cuitláhuac- acusa recibo. La contraloría como si no existiera. El Congreso alcahuete y ORFIS, como siempre, en la oscuridad.
Es el tiempo de Alí Baba y sus 40 chairos.
Tiempo al tiempo.
*Premio Nacional de Periodismo |
