Hace poco se publicó que un exsecretario de Gobierno, exdiputado y exdirigente estatal del PRI ya andaba operando abiertamente para Morena en los municipios de los distritos electorales de Santiago Tuxtla y Acayucan que en los sexenios de los exgobernadores Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa representó ante los congresos local y federal, respectivamente.

En su afán por justificarlo, un excolaborador de este personaje argumentó coloquialmente que “el miedo no anda en burro”, pues nos hizo ver que hasta ahora todas las señales apuntan a que el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Cuitláhuac García no van a dejar que su partido pierda la mayoría que actualmente tiene en el Congreso de la Unión y en el de Veracruz, pues de lo contrario se les complicaría a ambos gobernantes morenistas el segundo trienio de sus mandatos, de cuyos resultados dependerá que retengan el poder en las sucesiones estatal y presidencial de 2024.

En el nivel federal ha quedado suficientemente claro que el gobierno de López Obrador va a operar a través de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda para desacreditar a la oposición por sus corruptelas y perseguir a sus candidatos más competitivos pero de dudoso historial.

Como ejemplo nos señalan el caso del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, cuyo juicio reiniciará hasta finales de enero del año próximo, en vísperas de las campañas electorales de 2021, mientras que la UIF a cargo de Santiago Nieto –a quien andan candidateando para la gubernatura de Querétaro– filtró un expediente contra el diputado federal Ricardo Gallardo Cardona, fuerte aspirante del Partido Verde al gobierno de San Luis Potosí, quien estaría siendo investigado por operaciones financieras con recursos de procedencia ilícita y por sus presuntos vínculos con Los Zetas y el Cártel de Juárez.

El caso de Gallardo tiene algunas similitudes con el del exfuncionario priista del sur de Veracruz que estaría operando ya para Morena. Y es que además de haber acumulado bienes inmuebles y de hacerse inexplicablemente de una fortuna personal inmensa en los sexenios de Herrera Beltrán y de Duarte de Ochoa, también se le ligó con Los Zetas tras una declaración ministerial que en diciembre de 2011 realizó Raúl Lucio Hernández Lechuga, (a) “El Lucky” o Z-26, un capo de élite que se escondía en Córdoba y que según la DEA y la Marina era cofundador y jefe regional de este grupo delincuencial en diez entidades: San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Estado de México, Puebla, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Veracruz.

Por su parte, AMLO ya advirtió desde a mediados de junio a gobernantes y funcionarios de todos los partidos que procederá penalmente contra quienes desvíen recursos públicos a las campañas electorales, remarcando también que tampoco permitirá que asociaciones civiles empresariales, “a fin de no pagar impuestos a futuro”, aporten fondos “para comprar votos o espacios en radio y televisión” a favor de candidatos opositores.

Coincidentemente, tras la extradición de Lozoya Austin, el PRI se ha vuelto muy “cooperativo” con el Presidente y Morena en ambas cámaras del Congreso de la Unión.

Lo mismo que ha venido ocurriendo también con el tricolor en el Congreso local, donde en la sesión de este jueves hasta 7 diputados del PAN identificados con el exgobernador Miguel Ángel Yunes… ¡votaron sorpresivamente a favor de los seis magistrados propuestos por el mandatario de Morena!, lo que por supuesto desató todo tipo de elucubraciones: que si hubo “cañonazos” como los de Lozoya en 2013 para que senadores y diputados federales aprobaran la Reforma Energética de Peña Nieto; o que si acaso ya existirá un pacto entre López Obrador y Yunes Linares, luego de que el Presidente aclaró en una de sus conferencias de prensa mañaneras que su gobierno no tenía ninguna investigación en contra del exgobernador panista de Veracruz.

Aunque corre también otra versión más verosímil: que quizá a los legisladores locales vinculados a Yunes los hayan amenazado como al famoso narcotraficante chino Zhenli Ye Gon: “coopelan o cuello”. Y que después del desafuero y la persecución penal en contra del alcalde panista de Actopan, José Paulino Domínguez Sánchez, y la detención seis días atrás del desaforado ex diputado Erick Iván Aguilar López, llegaron a la conclusión de que los de Morena no se andan por las ramas y que más les valía votar a favor de los nuevos magistrados propuestos por el gobernador Cuitláhuac García.

La única duda que queda es si el apretón habría sido sólo para algunos de esos siete diputados del PAN que tienen cola que les pisen o para su exjefe político.