Que se recuerde, en la historia reciente de Veracruz jamás se había dado un grotesco incidente como el que ocurrió este miércoles en la sede del Poder Judicial del Estado (PJE), en el que a golpes y gritos, además de la presencia intimidatoria de elementos policiacos, fueron destituidos y echados del edificio los principales funcionarios administrativos que en diciembre pasado habían llegado con la magistrada Sofía Martínez Huerta, titular del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y del Consejo de la Judicatura, cuyos miembros, encabezados por Humberto Oliverio Hernández Reducindo, consejero representante del Poder Legislativo, sesionaron y tomaron esta sorpresiva decisión a espaldas de la presidenta.

Ni siquiera con Agustín Acosta Lagunes (1980-1986), el más apolítico de los exgobernantes veracruzanos, se dio un aberrante suceso como éste en el Poder Judicial. Tampoco en el mandato de Miguel Alemán Velasco (1998-2004), en cuya frívola administración presidió el TSJ el magistrado cordobés Raúl Aguilar Maraboto, “El Chato”, famoso por su gusto por las mujeres y el dinero.

Vamos, ni siquiera con el exgobernante panista Miguel Ángel Yunes Linares ocurrió una revuelta por la imposición de Edel Álvarez Peña como titular del Poder Judicial, pese a que seis años antes, en 2010, cuando el Congreso local avaló su magistratura propuesta por el gobernador saliente Fidel Herrera Beltrán, su par Yolanda Cecilia Castañeda descalificó públicamente al exalcalde de Coatzacoalcos al decir que “ahora ya cualquier pendejo es magistrado”.

Sin embargo Yunes, perversamente, hizo que a principios de diciembre de 2016  la magistrada Castañeda fuera la que propusiera a Álvarez Peña para la presidencia del TSJ ante los presidentes de sala que como integrantes del llamado mini pleno son los que tienen derecho a voto para elegir al titular del PJE.

Y a diferencia de Martínez Huerta –cuya designación como magistrada y presidenta del TSJ también fue públicamente cuestionada por Castañeda Palmeros, criticando que carecía de méritos y era producto de un “dedazo” desde el gobierno estatal–, el abogado y político sureño, sin ser un gran jurista, mantuvo control absoluto durante los tres años de su administración, al respetar las canonjías y privilegios que la mayoría de los magistrados había venido disfrutando al menos durante los dos sexenios anteriores: desde el pago de jugosas compensaciones y el jineteo de los recursos del Fondo Auxiliar para la Impartición de la Justicia, hasta la asignación de plazas de jueces y puestos administrativos para sus hijos, sobrinos, yernos, nueras, amantes, amigos y recomendados, e inclusive negocios personales o para terceros, como por ejemplo la concesión de cafeterías en las Ciudades Judiciales y tráfico de contratos y adquisiciones, todo a través de la Dirección General de Administración y avalado por el Consejo de la Judicatura.

 Por eso es que Álvarez Peña, político hábil y sagaz,  logró concluir su periodo de tres años como presidente del TSJ sin sobresaltos pese a que al inicio de su administración el gobernador Cuitláhuac García lo veía con mucho recelo y marcó cierta distancia al principio, cancelándole de última hora desayunos y reuniones con el pleno.

Sin embargo, después de medio año, Edel fue ganando cercanía. No obstante, le fue insuficiente para amarrar su reelección por un periodo más.

A García Jiménez le hicieron creer –entre ellos Guadalupe Argüelles, la exsecretaria del Trabajo que antes de incorporarse al gabinete estatal se desempeñaba como juez– que Martínez Huerta, recién designada magistrada en octubre pasado, era la mejor opción.

Pero doña  Chofi chafeó. Sólo  bastaron menos de ocho meses para que le perdieran la confianza. Y este miércoles echaron a todos sus incondicionales, empezando por Mayra Angélica Martínez Suárez, la pareja sentimental de su hijo Guillermo Benjamín Díaz Martínez, la cual se venía desempeñando casualmente como secretaria de Acuerdos del Consejo de la Judicatura, quien jamás se percató del golpe que los consejeros encabezados por Hernández Reducindo le preparaban a su suegra para desmembrar su compacto grupo de interés.

Por cierto, de los pocos afortunados que al parecer lograron salvar la cabeza fue José Haniel Domínguez, otro presunto recomendado del hijo de la magistrada Martínez Huerta, el cual  cobra como titular del área de Comunicación Social del Poder Judicial del Estado sin que hasta el momento se note su trabajo.

Quizá debido a eso, a que su labor no se ve ni se siente, es que nadie se percató de su existencia. Vaya suerte la del muchachito.