El presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXV Legislatura local, Juan Javier Gómez Cazarín, todavía se paladeaba el golpe asestado a la titular del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Sofía Martínez Huerta, fraguado por uno de sus testaferros incrustado en el Consejo de la Judicatura que le arrebató a la magistrada las principales posiciones administrativas del Poder Judicial, cuando este viernes 17 recibió de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) una sentencia adversa sobre el polémico caso de la revocación de mandato del ex alcalde de Actopan, José Paulino Domínguez Sánchez, que no sólo exhibe jurídicamente al Poder Legislativo que representa el diputado sureño de Morena sino también a sus ex abogados Humberto Oliverio Hernández Reducindo y José Alfredo Corona Lizárraga que, pese a sus evidentes yerros, fueron premiados con nuevos cargos en el TSJE y en el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), respectivamente.

Y es que Hernández Reducindo, actual representante del Poder Legislativo ante el Consejo de la Judicatura y quien hasta marzo pasado se desempeñó como director Jurídico del Congreso local, fue uno de los artífices del proceso de desafuero del ex alcalde panista Domínguez Sánchez destituido por una denuncia penal de peculado y desvío de recursos públicos cuyo expediente le integró al vapor Corona Lizárraga valiéndose del testimonio de la ex tesorera María Nely Alarcón Gil, a la que el ex munícipe ya había denunciado primero por una presunta malversación de 22 millones de pesos, aproximadamente.

Corona, como se sabe, saltó en octubre pasado de la Secretaría Técnica de la Secretaría General de la LXV Legislatura a la Fiscalía Anticorrupción, en la que sustituyó al destituido abogado yunista Marcos Even Torres Zamudio. Ahí estuvo como encargado hasta finales de mayo de este año, en que fue designado por el Congreso local consejero del IVAI.

Tanto Hernández Reducindo, egresado de la escuela de Leyes de la Universidad Veracruzana, como Corona Lizárraga, cuya licenciatura la obtuvo por la Universidad de Xalapa, presumen sendos doctorados en Derecho, uno por la UX y el segundo por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UV.

Este viernes, sin embargo, los magistrados de la Sala Regional del TEPJF, con sede en Xalapa, resolvieron por unanimidad que el Congreso debe llamar al Presidente Municipal propietario (José Paulino Domínguez Sánchez) para que “reasuma el cargo para el que fue electo democráticamente, en virtud de los efectos de la suspensión dada dentro de la Controversia Constitucional 17/2020”, advirtiendo que “sólo en caso de que esto no sea posible o el propietario no acuda, deberá llamar al ciudadano José Alfredo López Carreto, como suplente, para que asuma el cargo hasta en tanto la Suprema Corte resuelva en definitiva la controversia constitucional.”

Por lo tanto, confirmó “la invalidez jurídica del acta de Cabildo de 12 de marzo porque carece de asidero jurídico, constitucional y legal”, ya que en lugar de llamar al suplente de Domínguez Sánchez le dieron posesión al regidor Eduardo Carranza Barradas como alcalde “interino”, una figura legalmente inexistente y que el Congreso de hecho avaló pues jamás intervino para corregir esta aberración.

PAULINO SIGUE PRÓFUGO

Por cierto, trascendió que el desaforado alcalde José Paulino Domínguez Sánchez sigue prófugo y que es un hecho que no responderá al llamado del Congreso para reasumir la presidencia municipal de Actopan.

Y es que ex colaboradores cercanos de Paulino comentan que aunque la orden de aprehensión que le fue girada por peculado y desvío de recursos momentáneamente ha quedado sin efecto al revocarse el proceso de desafuero por esta causa, el ex munícipe panista estaría temiendo que en caso de presentarse la Fiscalía General del Estado pudiera hacerle efectiva otra orden de captura que fue librada en su contra después de su destitución por la presunta autoría intelectual del homicidio del periodista Jorge Celestino Ruiz Vázquez, corresponsal del diario Gráfico de Xalapa asesinado a principios de agosto de 2019 en una congregación del municipio de Actopan.

IRÍAN SOBRE LÓPEZ CARRETO

Igualmente corren versiones de que posiblemente tampoco el alcalde suplente José Alfredo López Carreto tomará posesión del cargo, tal como lo ordenan los magistrados de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en caso de que el presidente municipal propietario José Paulino Domínguez no se presente para reasumir la alcaldía.

Y es que lo que se comenta es que es muy probable que antes de que asumiera legalmente el cargo –con lo que automáticamente quedaría protegido por el fuero–, a López Carreto también le podrían hacer efectiva una orden de aprehensión por el mismo crimen del reportero del diario xalapeño, pues a principios de febrero de 2019, seis meses antes de su muerte,  Ruiz Vázquez lo denunció por amenazas ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y en Delitos que Involucren a Periodistas y/o Comunicadores que por ese entonces estaba a cargo del Mtro. Jaime Cisneros Gómez, actual fiscal regional de Córdoba.

Nos dicen que difícilmente Morena va a cederle el control político de este municipio al PAN, dada su relevancia electoral en los próximos comicios locales y federales de 2021. ¿Será?