No obstante que ya existía el antecedente del amparo que el Juzgado Décimo Séptimo de Distrito había concedido para reinstalar al magistrado Jorge Espinosa Castillo –a quien el año antepasado el entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Edel Álvarez Peña, le quiso aplicar la reforma promulgada por el  ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares que desde diciembre de 2017 estableció el retiro forzoso de los togados al cumplir 70 años de edad–, en el Congreso local la bancada de Morena, liderada por el diputado Juan Javier Gómez Cazarín, y el grupo de legisladores yunistas del PAN aprobaron por mayoría calificada la designación de cinco nuevas magistradas y un magistrado, dos de las cuales ocuparían las vacantes impugnadas ante el Poder Judicial de la Federación. 

Pese a que el tema se mantuvo varios días en los medios de comunicación y que los magistrados removidos Marco Antonio Lezama Moo y Roberto Dorantes Romero expusieron su caso ante el pleno del TSJE y demostraron haber obtenido la protección de la justicia federal para no ser reemplazados, la LXV Legislatura local lo desoyó y procedió indebidamente sin que la presidenta del Poder Judicial del Estado, Sofía Martínez Huerta, expresara públicamente su desaprobación. 

Pero, ¡oh sorpresa!, la subdirectora de Servicios Jurídicos del Congreso del Estado, Georgina Maribel Chuy Díaz, acaba de notificarle al titular del Juzgado Décimo Octavo de Distrito, José Ezequiel Santos Álvarez, que “por falta de tiempo” no pudieron dar cumplimiento a la suspensión definitiva otorgada a favor del magistrado Lezama Moo en los tres días que se les ordenó, pero que “las medidas tendientes a dar cumplimiento a la suspensión otorgada” se harán efectivas al incluirse este asunto en la próxima sesión de la Diputación Permanente, como se le ha solicitado al diputado Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Coordinación Política.

Por supuesto, la funcionaria del Poder Legislativo solicitó al juez Santos Álvarez que “se deje sin efectos” el apercibimiento con el que se le conminó a cumplir con la medida cautelar otorgada a Lezama Moo, pues con la designación de la magistrada María Lilia Viveros Ramírez para ocupar su vacante se violentó la Ley de Amparo, cuyo artículo 262 estipula que “se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (…) No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra” o que “sin motivo justificado revoque o deje sin efecto el acto que se le reclama con el propósito de que se sobresea en el amparo, sólo para insistir con posterioridad en la emisión del mismo.”

El problema, ahora, es que sobran magistrados, pues el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado estipula que el TSJE se integrará con 33 magistrados, y que el Pleno, “excepcionalmente”, podrá disponer de un número mayor o menor de magistrados o Salas para la integración del Tribunal, “siempre que exista una causa justificada y de acuerdo a las necesidades del servicio”. 

¿Acaso las pen...tonterías del Congreso serán “causa justificada”?  

DOS SACERDOTES VENCEN AL COVID-19

Anoche, a través de su cuenta de Twitter, el padre José Manuel Suazo Reyes, vocero de la Arquidiócesis de Xalapa, informó que “gracias a Dios, a las oraciones de muchas personas y a los cuidados médicos, el presbítero Miguel Ordóñez ya fue dado de alta y se recupera en su casa”, mientras que el sacerdote “Alfredo Hernández se encuentra estable y mejora significativamente.”