La desinformación que se ha vuelto consigna y activismo no ha podido ser contrarrestada por el gobierno federal oportunamente, porque al mismo tiempo que Morena proponía esta cancelación, debió decir dónde, cómo, cuándo, con quién acudir en cada uno de los casos, de cada uno de los fideicomisos. No lo hizo, no lo ha hecho. De tal suerte que pareciera que se debió a una decisión poco planeada y peor estructurada.
La cancelación de estos fideicomisos no sólo debe servir para quitarle dinero a los corruptos, sino para agilizar los trámites de los beneficios sociales que se desprendían de esos esquemas. Eso debe esperarse tanto como la depuración de los recursos, porque en el caso del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la existencia del fideicomiso significaba una lentitud que la burocracia más lenta envidiaría.
Como sucedió con muchas de las instancias creadas en los sexenios pasados, en los fideicomisos se instalaron grupos de vividores que lo mismo pugnaban por los derechos humanos, violándolos, que cobrando sin trabajar. Así, la agilización de trámites era lenta y a veces ni siquiera funcionaba.
La defensa de auténticos defensores de derechos humanos y de los periodistas entraba a un túnel de burocratismo, como si no fuera su vida la que estuviera en juego. Ahí los comunicadores eran un número sin respuestas ni sensibilidad de las autoridades.
Los periodistas fueron asesinados como si el Mecanismo fuera un puente hacia la impunidad de esos asesinatos y la instancia sólo se dedicaba a dar el pésame a las familias de los comunicadores, en lugar de ser un Mecanismo de prevención que siempre se exigió ser, pero nunca se movió un dedo para lograrlo. Incluso en los dos años que lleva la actual administración nunca fue capaz el Mecanismo de evitar un asesinato.
El Mecanismo regateó siempre, hasta la fecha, un derecho que tienen los comunicadores de que su vida sea protegida y se evitara violentar su integridad o la de su familia. La burocracia de esta instancia carece de sensibilidad y, por lo visto, de vocación de servicio. Esperemos que con la centralización de funciones, ya con el fideicomiso fuera de esta burocracia, pueda existir un Mecanismo que en verdad cuide la integridad de los compañeros y compañeras, cuyos asesinatos siguen impunes en su gran mayoría.
La cancelación de los fideicomisos era una exigencia de la transformación, y por ello debe ponerse atención a sus cambios, no sólo en la correcta aplicación de los recursos, sino también en la eficacia de sus esquemas que lo mismo a la ciencia que a la cultura, a la salud que al campo deben preservarse y mejorar.
La aprobación popular de la actual administración dependerá de la información oportuna del gobierno en relación con los trabajos que absorbe la administración pública y que anteriormente realizaban los fideicomisos, de su demostración de ahorro, de la sanción a los corruptos incrustados en esos fideicomisos, sea quieren sea.
Será a partir de esas acciones como se justificará y explicará, con hechos, la desaparición de los fideicomisos sin la interrupción y distracción de los ilícitamente interesados en su cancelación y con la mayor información posible sobre su transformación en beneficio de los mexicanos. PEGA Y CORRE. - Sin duda el trabajo de la ONU contribuye de manera importante a la lucha contra la corrupción emprendida por la actual administración. Porque el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas pidió la liberación inmediata de Brenda Quevedo Cruz, acusada del secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, a quien consideró víctima de una detención arbitraria en México. Aquí está en tela de juicio penal periodistas de montaje, lideresas de asociaciones contra el secuestro y policías de todos los niveles… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
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