“Desde que me llamaron, me puse a disposición de las actividades que me fueron encomendadas. Poco después me cambiaron de oficina junto a otras compañeras. No quisiera pensarlo, pero parecía que nos habían ‘congelado’: Oficinas sucias, sin internet para trabajar y hasta con una persona con ‘marca personal’, casi-casi como capataz. Tenían toda la intención de corrernos”.

La de la voz es una trabajadora del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz, quien narra ¿el acoso? ¡No! ¡El terrorismo con que a ella y a otros compañeros la han sometido, a tal grado que le han suspendido pagos poniendo en riesgo, no sólo su economía, sino hasta su salud, por las razones que más adelante explica...

Desde el 2019, Alejandro de la Cruz Garnica Fernández, a su ingreso como director administrativo del Cobaev, de manera reiterada se ha dedicado a agredir, ofender, violentar, amedrentar, “ha insultado a varios trabajadores refiriéndose a ellos como ‘aviadores, ineptos, incapaces, estúpidos, corruptos, ladrones y vendidos’. No solamente soy yo, más compañeras y compañeros han sido violentados en sus derechos”, narra quien pide el anonimato por temor a más represalias.

Pero su comportamiento no es nuevo, desde el año pasado hay expedientes, notas periodísticas, oficios en la Contraloría, en la Fiscalía, en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en la Secretaría del Trabajo, “pero no le hacen nada porque él afirma que pueden hacer lo que quieran porque cuenta con el apoyo del subsecretario de Sefiplan”. Así, expresiones como “¡Hagan lo que quieran, demándenme, por lo pronto no les pago y háganle como quieran!”, esgrime ese servidor público.

Ella narra que el año pasado, él encerró durante todo un día a 7 trabajadores para que firmaran actas en las que aceptaban cambio de funciones; incluso, a 20 trabajadores, durante tres meses, les suspendió su quincena, “de la misma forma que lo hizo conmigo y otros 3 sindicalizados, de los cuales una es madre soltera y otro compañero tiene cáncer”.

El pasado 14 de julio de 2020, cuando tenían que pagarles la quincena, ya no hubo depósito, “siendo que es ilegal retenernos nuestro sueldo”. Ese mismo día, vía telefónica, a tres mujeres dieron plazo de 72 horas para apersonarse en Recursos Humanos y entregar documentos para el expediente, “no importando mis condiciones de personal de riesgo ante la pandemia de Covid-19, pues padezco fibromialgia, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y obesidad, y de acuerdo a los Decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación, debía permanecer en casa”.

En el caso de su compañero con diagnóstico de cáncer, fue visitado en su domicilio y notificado “al igual que a nosotras, de suspensión temporal de los efectos de nuestro nombramiento”. El 31 de julio de 2020, tampoco hubo depósito de salario.

Precisa que de acuerdo a lo establecido en la cláusula 118 del Contrato Colectivo de Trabajo, para que proceda la suspensión de sueldos y funciones, “debieron levantar Acta Circunstanciada, observando lo dispuesto en las cláusulas 51 a 55 del CCT, ya que la retención del salario atenta en estos momentos de emergencia sanitaria y de salud, contra el derecho a la dignidad humana y en perjuicio de nuestros derechos laborales”.

Antes de retirarse, me enseña los escritos que ha entregado en diversas dependencias así como sus notas médicas del IMSS, pues la dieron de baja del Issste a pesar de sus padecimientos en medio de la pandemia de Covid-19.

¿Dónde quedaron las disposiciones federales de no despedir trabajadores en medio de la pandemia? ¿Dónde quedaron los Protocolos de Atención y Prevención contra el Acoso y el Hostigamiento en la Administración Pública? ¿Acaso ya fueron ocupadas esas plazas, siendo que están en litigio?

@NumerosRojos_BC

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