- No se le olvide, señor secretario, que está hablando con la titular de uno de los tres Poderes del Estado. Usted, sin embargo, es sólo un funcionario más del Poder Ejecutivo. No tiene la estatura jerárquica –y mucho menos moral- para pedirme que renuncie.
- Pero si usted le renunció al gobernador.
- Se vuelve a equivocar, señor secretario. No tiene el titular del Poder Ejecutivo atribuciones para recibir de mi parte una renuncia. En efecto, yo le informe al ingeniero Cuitláhuac García mi voluntad de renunciar, pues le demostré con documentos que todo de lo que se me acusaba era falso. Él me sugirió que me mantenga en el cargo y eso haré.
Palabras más, palabras menos, ese fue el remate de la conversación (¿o discusión?) que sostuvieron el secretario de Gobierno, Éric Cisneros y la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Sofía Martínez Huerta.
Horas más tarde circulaba en redes sociales una versión anónima, en la que se aseguraba que la magistrada Aileth García Cayetano entraría “al relevo de la magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, luego de exigirle la renuncia el Secretario de Gobierno, Eric Cisneros”.
La versión que circula, por cierto, hace referencia a que Aileth García fue “impuesta” por el gobernador Cuitlahuac Garcia, “de quien se presume es su medio hermano”.
El mismo texto hace referencia a que la magistrada Sofía Martinez Huerta sería “depuesta en las proximas horas” y para más detalle menciona que estarían reunidos seis magistrados en la oficina de Juan Javier Gomez Cazarin (Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local) “para en sesion extraordinaria votar por su salida”.
La magistrada Sofía Martínez, en efecto, se reunió con el secretario de Gobierno, quien le “sugirió” que se hiciera a un lado. Ella no aceptó.
La única forma en que se celebra una sesión extraordinaria del Pleno del tribunal Superior de Justicia es que la convoque la propia Presidenta, o que la gestionen en conjunto al menos tres Presidentes de Sala (Artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).
Sin embargo, aunque se celebrara dicha sesión extraordinaria, no está incluida entre las atribuciones del Pleno, la posibilidad de remover a la Presidenta. El Artículo 17 de la Ley Orgánica sólo considera, en su fracción XVII, la facultad de “elegir a su presidente en términos de esta Ley”.
En la sede del Poder Judicial se insiste en que el origen de esta ofensiva contra la Presidenta es la auditoría practicada a los contratos de Asociación Público-Privada aprobados por la anterior Legislatura.
En el cúmulo de irregularidades detectadas en dicha auditoría, aparecen involucrados consejeros y magistrados que tuvieron qué ver con la disposición de los recursos del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, así como servidores públicos del Poder Judicial y hasta diputados de la LXIV Legislatura, quienes avalaron acciones acciones fuera de la norma.
La crisis por la que atraviesa el Poder Judicial de Veracruz ya encendió las luces de alerta en la capital del país, desde donde se comunicaron este miércoles para conminar a los involucrados a “dejar que la Presidenta realice su trabajo”.
El conflicto amenaza con crecer, y lo que está en riesgo es la impartición de justicia a los veracruzanos.
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Epílogo.
Se ratifica el golpe a una de las iniciativas de la secretaria de Energía Rocío Nahle: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reiteró la suspensión derivada de la controversia constitucional interpuesta por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) el 22 de junio de este año contra la política energética de la Secretaría de Energía. *** Con ello se suspenden de forma indefinida los efectos de la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, publicada por la Secretaría de Energía (Sener), el pasado 15 de mayo de 2020. *** Por unanimidad, los integrantes de la Primera Sala avalaron la decisión del ministro Luis María Aguilar y declararon infundado el recurso de reclamación con el que la Consejería Jurídica de la presidencia buscaba revertir la suspensión concedida a la Cofece.
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