En la semana hubo una intensa labor parlamentaria. El Senado aprobó la extinción de los fideicomisos, mientras la Cámara de Diputados hacía lo propio con la Miscelánea Fiscal y la Ley de Ingresos para 2021. Igualmente, se expidió una Ley General de Derechos que modifica algunos tópicos relativos al pago por el uso de bienes de la nación y servicios que presta el Estado. Con menos reflectores, también se reformó la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

En este último caso, lo sancionado por los diputados tiene la intención de que los dos niveles de gobierno mencionados enfrenten de mejor manera la emergencia sanitaria generada por el virus COVID-19 y apoyen la reactivación económica. Destacadamente, las modificaciones permitirán que los Estados redirijan recursos presupuestados en materia de desastres naturales para la atención de contingencias o emergencias sanitarias. De la misma forma, se habilitó a los Estados y Municipios para diferir pagos de su deuda de corto y largo plazo hasta por 12 meses, con la finalidad de liberar recursos. También se permite que las Entidades Federativas tengan balances negativos por la emergencia sanitaria y que soliciten mayor endeudamiento a sus congresos locales. Asimismo, se aligeraron los requisitos exigidos a los ayuntamientos para obtener créditos de diverso tipo.

Estas medidas no están exentas de riesgo. Algunos legisladores, incluso de la mayoría, fueron reticentes a flexibilizar la disciplina financiera de los Estados y Municipios, dado los antecedentes negativos al respecto. Pero es menester decir que dicha relajación tiene un carácter contra-cíclico muy necesario en la actual coyuntura económica.

Las Entidades Federativas con un buen desempeño de sus finanzas podrían aprovechar adecuadamente estas nuevas disposiciones. Es el caso de Veracruz, que redujo el nivel de endeudamiento con respecto de sus ingresos hasta el grado de alcanzar, por primera vez en su historia, el color verde en los tres indicadores del semáforo de alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).  

Po tanto, actualmente el Estado tiene un endeudamiento controlado y mayores ingresos, a la par que no existen pasivos con contratistas y proveedores en la presente administración. De la misma forma, la calificadora Fitch Rating mejoró sus notas haciendo que la perspectiva crediticia de Veracruz pasara de Positiva a Estable como resultado de la reestructuración de la deuda estatal operada en 2019, el mejor posicionamiento con respecto de otras entidades, los esfuerzos destinados a incrementar la recaudación y las medidas implementadas para el control de su gasto, entre otros factores.

Como José Luis Lima Franco -titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación- ha indicado, esto permite tener mayores recursos para atender las necesidades vitales de los veracruzanos y refuerza la confianza en la administración estatal por parte de sus proveedores y contratistas. Pero, sobre todo, este buen manejo en las finanzas jarochas amplía la posibilidad de acceder a mayores recursos en caso necesario. 

Las reformas a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y Municipios apuntalan esta última posibilidad en el nivel estatal. Sin embargo, para los ayuntamientos veracruzanos la situación no es tan clara. Primero necesitan aligerar la carga de los pasivos heredados, específicamente de la deuda contraída en 2008 mediante el esquema de bursatilización. Aunque en este rubro la Sefiplan también presentó una propuesta de reestructuración, la solución apenas está en camino. Los cabildos necesitan pisar el acelerador para discutir y, en su caso, aprobar las directrices al respecto elaboradas en Xalapa. 

*Economista, latinoamericanista y asesor parlamentario