“Nos vimos tibios frente a los gringos; el General fue la más alta autoridad en las fuerzas armadas en tiempos de Peña Nieto. Debieron, por mero asunto diplomático, avisarnos que estaban en México trabajando la investigación desde el arranque del actual gobierno, aunque la pesquisa viniera de años atrás”, me dijo un vocero militar.
Fueron estos malestares militares los que se expusieron en la junta del 26 de octubre. Era tanto el desánimo y el coraje, que amagaron con hacer ellos un pronunciamiento si la cancillería no efectuaba la “queja o extrañamiento” público correspondiente. “De inmediato el Presidente dio la instrucción”.
“La DEA viola frecuentemente el acuerdo del 2 de julio de 1992, donde sus agentes sólo deberían ser enlaces para intercambiar información en México, no efectuar tareas reservadas para nuestro país”, y en el caso Cienfuegos se olvidaron de cualquier pacto.
El extrañamiento enviado por la cancillería a la DEA calmó un poco los ánimos de las fuerzas armadas. “No sabemos si el General es culpable o inocente, lo que demandamos es respeto a nuestra soberanía y a la investidura presidencial. No nos gustó ver al Comandante Supremo en apuros”.
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