Uno de los más escandalosos saqueos del sexenio anterior, el de la llamada “Estafa Maestra”, está por terminar en una mera farsa. Tanto así, que un tribunal federal acaba de acusar que la Fiscalía General de la República (FGR) ha actuado con “pasiva negligencia” en las diligencias de este grave caso, por el cual, hasta ahora, sólo está en prisión Rosario Robles, ex titular de la Sedesol y Sedatu, pero cuyo cuestionado encarcelamiento se atribuye también a un ajuste de cuentas del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador por su presunta traición en la sucesión presidencial de 2006, cuando la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México presidía el Comité Ejecutivo Nacional del PRD y se alió con el empresario salinista Carlos Ahumada, quien exhibió en videos a varios ex funcionarios y operadores políticos allegados al tabasqueño recibiendo fajos de billetes en la oficina del constructor de origen argentino.

Según trascendió, el Primer Tribunal Colegiado Penal en la Ciudad de México dio un plazo de 30 días hábiles a la FGR para interrogar en calidad de testigos del caso a seis ex funcionarios de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), entre ellos la ex directora de Auditoría Forense, Muna Dora Buchain Abedhosn, quien ha declarado que Emilio Zebadúa, como Oficial Mayor de la Sedesol y Sedatu, fue un operador importante de la “Estafa Maestra” pero que no fue el único, por lo que consideró que el ex funcionario debe revelar los nombres de toda la red de corrupción de la que formó parte.

Además, la ex auditora de la ASF ha dicho también que hasta junio de 2018, cuando salió del órgano autónomo que reporta a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, habían logrado comprobar el desvío de 7 mil 800 millones de pesos, pero estimó que el cálculo del saqueo al erario podría ascender a más de 20 mil millones de pesos.

Buchain, quien con el equipo de la ASF fue la que descubrió y puso en evidencia este perverso e intrincado esquema de desvío, adujo que el dinero robado no fue para financiar campañas políticas sino para beneficio personal de un grupo que estuvo en el poder durante el sexenio pasado.

“Esta lana se fue a bolsas particulares, tan se fue a bolsas particulares que (el diario) Reforma  reveló en un reportaje cómo dispersaron el dinero. Ahora tendríamos que saber en dónde paró el dinero, quién ordenó a dónde se iban los recursos. No creo que se haya ido para las elecciones”, remarcó.

Y la ex funcionaria de la ASF recriminó la negligencia de la Secretaría de la Función Pública, al señalar que el esquema de desvío, donde utilizaron convenios entre instituciones públicas de educación superior para evitar las licitaciones, así como empresas fantasma para triangular los recursos, fue generalizado en el sexenio anterior y fue tolerado por dicha dependencia federal que nunca actuó como responsable del control interno.

¿Quién fue el titular del Órgano Interno de Control (OIC) de la Sedesol y Sedatu con Rosario Robles en la administración del ex presidente  Enrique Peña Nieto? Pues Miguel Ángel Vega García, quien desde febrero de 2019 viene cobrando en el gobierno morenista de Veracruz… ¡como director general de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública, de la Contraloría General del Estado! Ahí está otra farsa.

INTERJET: MAV, SOCIO MINORITARIO

Tal como lo comentábamos ayer aquí, el ex gobernador Miguel Alemán Velasco y su hijo Miguel Alemán Magnani están llevando al desastre a la dinastía empresarial que el ex presidente Miguel Alemán Valdés forjó hace 70 años.

Y es que el periódico Reforma dio a conocer la existencia de un video en el que el empresario Antonio del Valle revela –al parecer en una reunión convocada a principios de esta semana en la Secretaría de Gobernación– que un grupo de inversionistas encabezados por él poseen el 90 por ciento de las acciones de Interjet, por lo que la familia Alemán Magnani, fundadora de la aerolínea, ya sólo controla el 10 % de los títulos de la empresa aérea, sobre la cual se ha publicado que arrastra desde 2013 una deuda fiscal con el SAT de 3 mil millones de pesos, más 5 mil 143 millones de pesos que hasta el 30 de septiembre pasado debía a Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA).