Hasta hace poco tiempo, de entre tantos pendientes que dejó la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, el de las videocámaras con las que obtuvieron los involucrados un botín de ¡mil 100 millones de pesos!, pensamos que sería el hilo que la Fiscalía General de la República (FGR) jalaría para meter en cintura al ex gobernador, además el principio de una serie de demandas más por infinidad de delitos cometidos por esa administración de dos años que parecieron seis, semejantes o peores que los de Javier Duarte de Ochoa.
Los ex funcionarios implicados como presuntos responsables de este escandaloso caso, contra los cuales fue presentada una denuncia formal desde abril de 2019 ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los secretarios de Seguridad Pública y de Gobierno del Estado, Hugo Gutiérrez Maldonado y Eric Cisneros Burgos, pagarían con cárcel el delito cometido y devolverían el dinero, para satisfacción de los veracruzanos y en cumplimiento de aplicación de la ley. Nos ofrecieron cero impunidad y combate frontal a la corrupción.
En esa ocasión, cuando fue presentada la demanda ante la FGR, contra quien resulte responsable, a través de su cuenta de Twitter, el titular de Seguridad Pública informó que además del excesivo costo de mil 100 millones de pesos, el contrato suscrito con la empresa Comtelsat estaba plagado de irregularidades.
Gutiérrez Maldonado detalló que de 6 mil 324 cámaras únicamente estaba operando el 28 por ciento, es decir, sólo estaban funcionando mil 695 cámaras y de manera deficiente: “Las veracruzanas y veracruzanos merecen justicia ante este tipo de engaños y atropellos, exigimos se investigue a fondo y se repare el daño”, escribió en su cuenta el funcionario estatal. Y pues resulta que no, que el gobierno estatal de la 4T ha decidido permitir a la empresa Comtelsat continuar con los trabajos de instalación de las cámara y cuando concluyan, asunto cerrado… ¿Estaremos todos de acuerdo en esta salida que el gobierno le da a un millonario fraude cometido por uno de los más corruptos gobernantes que ha tenido Veracruz, a quien ya se había demandado ante la FGR, o creen que se trate de un engaño más?
Tarek se llevó ¡55 mil millones!
Otro caso de impunidad que ofende a los veracruzanos, es el del ex Tesorero del Gobierno del Estado en el sexenio de Javier Duarte de Ochoa, Tarek Abdalá, quien hoy nos enteramos, con especial repugnancia, que un mes antes de que concluyera el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, la Procuraduría General de la República (PGR) le perdonó al mencionado extesorero de Veracruz, de ser el principal responsable del desvío de 55 mil millones de pesos en el gobierno de Duarte. Ello en retribución por sus declaraciones contra del exgobernador y otros funcionarios.
Pero contrario a lo que marca la ley, dicho perdón le fue concedido a Tarek sin pedirle la devolución de un solo peso de lo robado. Ahora, a dos años de distancia, el dinero desviado no aparece y el perdonado… tampoco. Tiene una orden de aprehensión en su contra y es considerado legalmente prófugo.
El perdón que recibió el extesorero de Veracruz es el denominado “criterio de oportunidad”. El mismo que ahora buscan Emilio Lozoya Austin en el caso Odebrecht o Emilio Zebadúa en “La Estafa Maestra”, y que permite eludir un proceso penal a cambio de delatar a otros funcionarios de mayor rango.
Tarek Abdalá fue favorecido en octubre de 2018 con dicho criterio luego de que declarara en contra del exgobernador Duarte y de al menos tres exsecretarios de Finanzas del Estado. A cambio la PGR decidió no procesarlo en 43 casos abiertos en su contra por peculado. Sin embargo y de forma contraria a lo que dice el Código Nacional de Procedimientos Penales, la PGR decidió darle ese perdón legal a Tarek sin pedirle ninguna reparación del daño. Es decir, sin que regresara un peso de los 55 mil millones desviados según las denuncias que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) había promovido en su contra.
Datos y documentos oficiales a los que el portal de noticias Animal Político tuvo acceso, confirman lo anterior. La información forma parte de una investigación que la actual Fiscalía General de la República (FGR) tiene en curso para revisar las condiciones en que se concedió el referido criterio de oportunidad.
Antorchistas piden audiencia
En rueda de prensa conjunta, el vocero y gestor nacional del Movimiento Antorchista, Homero Aguirre Ochoa y los dirigentes antorchistas de Puebla, Juan Manuel Celis; de Veracruz, Samuel Aguirre; de Oaxaca, Dimas Romero; Guerrero, José Juan Bautista Hernández y de Tlaxcala, Orlando Isidro Ramos, solicitaron la intervención del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, para frenar la campaña de agresiones contra integrantes del Movimiento Antorchista y para que se resuelvan las demandas de obras y servicios básicos de miles de antorchistas en Veracruz.
Durante su intervención, Homero Aguirre, señaló que las recientes agresiones como secuestros virtuales y llamadas de extorsión, amenazas de muerte, asaltos a negocios antorchistas y secuestros contra integrantes de Antorcha en Veracruz tiene preocupado a todo el antorchismo.
“Hay elementos para creer que existe un clima de persecución política en contra de los integrantes de nuestra organización, lo que sería un acto grave y criminal, porque se atenta contra mexicanos trabajadores y honrados que buscan bienestar para sus pueblos y colonias”. “No acusamos directamente al Gobierno de Veracruz, pero si no son ellos quienes están actuando en contra de Antorcha y se tratan de acciones de grupos delincuenciales, de todos modos, pedimos al gobernador Cuitláhuac García que instruya a las instancias competentes de su gobierno para que se investiguen los hechos que hemos denunciado ante la Fiscalía del Estado y que se dé con los responsables de los atentados”, dijo.
REFLEXIÓN
Reaparecen los 400 Pueblos para lanzar una grave acusación: La 4T tiene pacto de impunidad con Miguel Ángel Yunes Linares. Escríbanos a mrossete@yahoo.com.mx | formatosiete@gmail.com |
