Jorge Moreno enarca las cejas ligeramente y levanta el mentón, mientras repite la pregunta:
¿Qué si tengo calidad moral para hablar contra los corruptos?.
“Claro que la tengo”, responde, de golpe, sin chistar.
Entre sus actividades como político, como funcionario público, está el haber sido secretario de Seguridad Pública con Miguel Alemán Velasco.
“Yo pasé por el pantano y no me manche”, anota.
“Me pueden revisar mis propiedades y no encontraran nada que pueda estar fuera de los ingresos que he tenido como funcionario público y algunas pequeñas inversiones para asegurarme el sustento”.
La pregunta surge porque acaba de presentar una iniciativa de ley en la actual Legislatura de Veracruz para que se eleve el castigo para los corruptos, con penas de hasta de 14 años de cárcel.
En concreto, propuso que se reforme el artículo 328 del Código Penal del Estado para elevar las sanciones a 14 años de prisión contra los servidores públicos que incurran en el delito de enriquecimiento ilícito.
Esto, anota, no es una ocurrencia.
Es -puntualiza- una demanda del pueblo de Veracruz.
“Los veracruzanos estamos cansados de la corrupción en el gobierno. La hemos visto en los últimos gobiernos. Por eso es el reclamo del combate frontal a la corrupción y para ello se necesitan leyes más estrictas contra ese delito”.
La necesidad de estas leyes es porque con los ordenamientos actuales los culpables pueden zafarse fácilmente, con el pretexto de que no es delito grave.
“Claro que es un delito grave, que ofende a todos los veracruzanos de bien”, enfatiza.
- A los que más se acusa de corrupción es a los priistas.
Suspira, aspira, y expresa: Es cierto, tenemos ejemplos de corruptos en el PRI. Pero no todos los priistas somos corruptos.
Jorge Moreno en su curriculum también tiene el haber sido dirigente de ese partido en Veracruz y de haber llevado su representación a otros puntos del país.
Y reitera: A mí me pueden revisar y decirme si tengo bienes que muestren que he sido corrupto.
La propuesta la presentó durante la sesión de la Legislatura del estado del jueves 26 de noviembre, en nombre de la bancada del PRI-PVEM.
El documento que entregó no fue tampoco una ocurrencia, si no que antes revisó las leyes del país y de otros estados.
“Al revisar los códigos penales de las demás entidades federativas se detectó que en 23 estados la pena de prisión máxima para estos delitos llega a ser hasta de 16 años, mucho mayor que la establecida actualmente en Veracruz”, agregó.
Moreno Salinas señaló que el enriquecimiento ilícito de los funcionarios es de las conductas delictivas de mayor rechazo popular, porque evidencia que hubo actos de corrupción en el desempeño de las responsabilidades públicas. El enriquecimiento ilícito se refleja en el incremento injustificado del patrimonio personal de los funcionarios o de sus familiares.
“Y ese enriquecimiento ilícito es en agravio de la sociedad”, acentúa.
Asimismo, planteó replicar la disposición del Código Penal Federal de computar entre los bienes adquiridos por los servidores públicos, aquellos de los que dispongan su cónyuge y sus dependientes económicos directos, salvo que el servidor público acredite que éstos los obtuvieron por sí mismos.
Este ilícito, al igual que los de cohecho y peculado, debe recibir las más altas sanciones privativas de libertad. Y estos son hasta catorce años de prisión y se les debe dar incluir también entre los que ameritan prisión preventiva oficiosa.
Esta reforma que propone es una actualización de las leyes penales de Veracruz que se ha venido posponiendo, “no sé porqué”, desde 2016, cuando fue incluida en el Código Penal Federal y que ya fue replicada en diversas entidades federativas.
“Javier Duarte ni siquiera quiso saber de que se trataba, tal vez por algún asunto personal. Miguel Ángel Yunes también se hizo el occiso para actualizar nuestras leyes, y ahora éste gobierno tampoco lo ha incorporado a los ordenamientos penales”, reseña.
Ya es hora de que se haga la actualización.
“Y yo sí puedo presentar la primera propuesta”, enfatizó. |
