Está bien la exigencia de castigo; hubo testigos a los que se convoca a contribuir a identificar a los delincuentes. Pero es tan importante hacer justicia en este caso, como aprovechar la ocasión para reconocer que la justicia mexicana no puede guiarse por casos destacados, así como los escasos avances en materia de impartición de justicia en la violencia de género.
La exprocuradora general de la República, Arely Gómez, llegó al cargo en medio del cataclismo que provocó la actuación de las autoridades en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. No se puede saber hasta qué punto este delicado caso, que se convirtió en una papa política caliente para el gobierno federal, le absorbía todo el tiempo, pero lo cierto es que, siendo la primera mujer procuradora, perdió una oportunidad de oro para dejar huella en la institución que dirigió, que necesitaba con urgencia una sacudida en materia de atención a delitos de violencia de género. El tiempo dirá si la transformación en Fiscalía General de verdad le otorgará autonomía y, con ello, resultados más eficientes, o sólo será un cambio de nombre que arrastrará con los mismos vicios.
La procuración de justicia ha sido un ámbito predominantemente masculino y de ese hecho se desprende, en buena medida, la ausencia de resultados positivos para combatir la violencia de género. Del mismo modo que la mayor presencia de mujeres legisladoras ha derivado en un marco legal más amplio para proteger los derechos de las mujeres, es necesario que se incremente la presencia femenina en las distintas tareas de la procuración de justicia para ir creando una cultura de justicia de género.
La idea de que todos son iguales ante la ley y la justicia ya demostró ampliamente su insuficiencia. Ante el aumento de violencia hacia las mujeres es cada vez más urgente la igualdad sustancial, aquella que genera o crea en la realidad las condiciones para atender el hecho de que las mujeres son un sector de la población que por ahora no sólo padecen la violencia sino que están excluidas de la justicia. Una doble desigualdad.
Se requiere no sólo la profesionalización del personal perteneciente al Poder Judicial, pues ya se ha visto que este es un camino largo e incierto; es preciso que cada vez más mujeres, formadas en la perspectiva de género, ocupen esos lugares que en manos de hombres no comprometidos con los derechos femeninos dan como resultado la revictimización de las mujeres: victimadas por sus agresores y por los representantes de un poder que en teoría debería defenderlas o brindarles el bálsamo de la justicia.
Es preciso aplicar recursos a estas acciones y también voluntad política. Vergonzosamente seis agencias de la ONU hicieron hace poco un llamado a México para detener la “pandemia” de violencia contra las mujeres. Dos de cada tres mujeres mexicanas padece o ha padecido violencia. Allí está el caso de la senadora Ana Gabriela Guevara, por si alguien duda que la violencia hacia las mujeres está desbordada. Justicia para ella y para los miles de mujeres que ahora mismo están siendo víctimas.
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