Esta arremetida del conservadurismo en contra de las tendencias mundiales a reconocer los derechos de todas las personas a la elección sexual y a decidir sobre su cuerpo tiene, en nuestro país, un nuevo componente: un abierto desafío político a las decisiones de los representantes y las instituciones del Estado. Antes se estilaban los acuerdos privados entre las cúpulas religiosas y del poder político para que la iglesia resultara beneficiada con determinadas medidas, para que las leyes le fueran favorables o por lo menos para que no le fueran desfavorables y para que no contradijeran sus principios. Han sido los casos de las leyes antiaborto o la reforma al artículo 24 constitucional sobre las libertades religiosas, promovida durante un gobierno panista, cercano ideológicamente a la iglesia católica, aunque este tipo de situaciones ocurrieron también durante muchos años de priismo.
Debido a la presión ejercida por grupos de activistas y por las tendencias mundiales en el reconocimiento de la diversidad sexual y los derechos que le son inherentes, el gobierno mexicano se ha visto obligado a tomar posturas de respaldo o reconocimiento a los distintos grupos de población que exigen respeto a tales derechos. Uno de ellos ha sido la iniciativa de ley sobre matrimonios igualitarios que Enrique Peña Nieto envió al Congreso el año pasado. La Arquidiócesis de México declaró que la derrota del PRI en las elecciones del año anterior se debió a esa iniciativa. Esa conclusión fue suficiente para que algunos priistas inclinaran la balanza hacia el rechazo a la iniciativa en el mes de noviembre.
Ahora, la embestida es contra varias acciones institucionales que se encaminan al reconocimiento de la diversidad sexual. Ya no se habla sólo de conjeturas, de considerar que un partido pierde por ser “inmoral”. Ahora la crítica y el desafío son totalmente abiertos. El presidente del Consejo Mexicano de la Familia, Juan Dabdoub, afirma tajantemente que “es derecho de los padres educar a los hijos, no del Estado con ‘inventos’ de Peña”.
Al igual que en otros temas, los representantes del conservadurismo acuñan frases engañosas, construidas a partir de razonamientos muy elementales que repiten una y otra vez, y terminan por convencer a su feligresía. Por ejemplo, el “derecho primario de los padres a educar”. ¿Dónde está registrado ese derecho? En ningún lado, es sólo una tarea natural de la crianza, que no suple la necesidad de socializar conocimientos y valores para convivir en sociedad con una educación sistematizada. Pues bien, el “derecho primario” sólo se refiere a la pretensión de eliminar contenidos que no le gustan a la iglesia y coloca de vocero al Consejo Mexicano de la Familia, pero esta vez con una agresión directa a la figura presidencial como la responsable de avalar esos contenidos que no son del agrado de esta porción conservadora de la sociedad.
¿Una vez más el gobierno dejará pasar la insolencia con que se maneja ahora la derecha mexicana? El autobús, triste émulo de los viajeros de la libertad que defendieron los derechos de la población afroamericana en Estados Unidos en 1961, no tiene nada de libertario. Es una provocación y un intento por evitar el reconocimiento de la diversidad sexual, recitando frases que pretenden hacer de libertades y derechos un “diablo” que debe arder en el infierno. Los partidos y el gobierno deben dejar atrás este lastre y quizá deben preguntarse: ¿cuántos católicos son o tienen hijos, hermanos, tíos o primos con una elección sexual diferente a la que pregona la iglesia como “normal”? ¿eso los hace malas personas, seres no pensantes o justifica que su elección sexual los condene a no gozar de ciertos derechos? ¿los religiosos y conservadores recalcitrantes son suficientes como para atemorizar a un gobierno o partido?
Quienes militan por el respeto a la diversidad sexual también votan y muchos también son religiosos. México tiene múltiples problemas como para agregar este retorno a la Edad Media, ahora personificada en un autobús y sus mensajes retrógradas.
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