La inversión es millonaria y las consecuencias de que la obra sea clausurada por falta de cumplimiento en la normatividad, sin duda traerán consecuencias políticas, penales, administrativas y económicas.
Políticas para el alcalde de Veracruz Fernando Yunes Márquez;
Penales y administrativas para los funcionarios municipales que firmaron las autorizaciones de construcción, alineamiento y demás permisos sin apego a la ley;
Económicas para los inversionistas y sobre todo para los cientos de trabajadores que verán perdida su fuente de empleos.
¡Puras pérdidas por todos lados y para todos, pero la ley debe aplicarse!
El tema político se calentará a tope con esta acción de las autoridades veracruzana. La pregunta es Protección Civil no tenía la obligación de pedir el dictamen de riesgos en cuestión desde que se empezó la construcción? ¿Por que hasta ahora que el Presidente y el gobernador señalan el caso, PC se presenta a pedir ese dictamen? Parece ser que ahí también habrá algo que investigar.
¡Qué de cosas! | 
