La impugnación a la consulta realizada por el ayuntamiento tuvo la finalidad de que esta autoridad se apegue a derecho y evite lesionar las garantías de las personas, señalaron René Buenrostro Hernández y Eriçk Cruz Rosas, ciudadanos que promovieron la impugnación.
“Desde un inicio señalamos que la consulta carecía de legalidad, certeza, imparcialidad y transparencia, ya que el ayuntamiento nunca emitió convocatoria o lineamientos respectivos que permitieran conocer el procedimiento de la votación, además de no haber certeza en el escrutinio y cómputo, ya que no hubo representación de las partes ni observadores que pudieran constatar el conteo”, expusieron.
Asimismo, añadieron, no existió la secrecía del voto, ya que sacaban copias de las credencial del IFE, las cuales se anexaban a las boletas, siendo esto totalmente violatorio.
“Estamos hablando de un evento que consistió en una jornada electoral de tres días consecutivos con dos casillas itinerantes, o sea que andaban en la ciudad. Por todos estos acontecimientos se declaró la violación, donde acreditó el Tribunal Electoral que carecía de legalidad y de certeza, como lo señalamos”, abundó.
Por si fuera poco, esta consulta nunca debió realizarse en pleno proceso electoral, como lo señala la Ley de Referendo y Plebiscito y el mismo Código Electoral del estado de Veracruz.
Resaltaron que esta impugnación que se presentó fue con el objetivo de demostrar a los ciudadanos de Orizaba las graves violaciones a la ley en que incurrió el ayuntamiento de Orizaba, aunque no es la primera vez que lo hace, ha sido una conducta consecutiva en diferentes ámbitos.
Como lo señalaron los magistrados, apuntaron, la consulta careció de legalidad y certeza jurídica, lo que permite sentar un antecedente y precedente para que cualquier tipo de consulta ciudadana o plebiscito que pretenda realizar, sea apegado a la ley y no como sea su voluntad.
Información cortesía de Agencia Imagen del Golfo. Nota de Nora Gabriela Lira |
