Javier Duarte de Ochoa, quien se convierte en gobernador con licencia y abandona el máximo cargo estatal, deja como saldo un estado manchado por más de mil 800 desapariciones forzadas, mil 200 homicidios violentos y 19 periodistas asesinados.
El sexenio del político originario de Córdoba pasará a la historia como uno de los más violentos y con más violaciones en derechos humanos, que avanzó acompañado por una impunidad rampante.
Por si fuera poco, los movimientos sociales que nacieron a partir de reclamos del magisterio, de los pueblos indígenas, de las universidades e incluso de los jubilados, fueron reprimidos por la Policía Estatal.
Veracruz, un hoyo negro
Hace un par de años, durante una reunión con el sector empresarial en Boca de, Río, Duarte trató de justificar la ola de violencia: “Debo admitir que me tocó bailar con la más fea”.
Y sí, basta recordar que una vez que tomó posesión en el gobierno estatal se disparó la disputa entre las bandas del crimen organizado y los enfrentamientos de estos con la Marina y el Ejército.
Los dos primeros años de su gobierno se empataron con el último tramo del gobierno federal de Felipe Calderón, cuya política de ataque frontal al narcotráfico desencadenó en miles de homicidios dolosos y un fenómeno que actualmente ha cobrado unas 24 mil víctimas: la desaparición forzada.
De acuerdo al Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Veracruz hay mil 860 casos de niños, jóvenes universitarios, adultos mayores, amas de casa, obreros, empleados, oficinistas, periodistas y padres de familia que se esfumaron.
Si bien no todos son por desaparición forzada, hay que agregar el hecho de que existe una cifra negra, aquella que engloba los casos que no son denunciados o que no son incluidos en los registros oficiales.
Según la Encuesta Nacional de Victimización y la Percepción sobre Seguridad Pública, en el país la cifra negra alcanza hasta un 96 por ciento, es decir, apenas un 4 por ciento de los casos son registrados.
Por ello no es descabellado estimar que Veracruz ha sido escenario de miles de desapariciones forzadas en los últimos 6 años, en las cuales se ha documentado la participación de policías estatales a cargo de Arturo Bermúdez Zurita, quien dirigió la Secretaría de Seguridad Pública hasta el 4 de agosto, cuando renunció después de que se documentara la posesión de 24 inmuebles en Estados Unidos y México.
Las desapariciones han cargado con un estigma, con el sello de la criminalización. El primer gran caso, por ejemplo, se dio el 21 de septiembre del 2011, cuando fueron arrojados 35 cadáveres en la avenida Ruiz Cortines de Boca del Río.
En menos de 24 horas, la Procuraduría (hoy Fiscalía) de Justicia del Estado se apresuró a determinar que las víctimas eran integrantes del crimen organizado. No obstante, en la lista figuran jóvenes que no tenían antecedentes penales, o que nunca se les pudo comprobar su nexo con algún cártel.
La criminalización se convirtió en una práctica común para minimizar las malas actuaciones de la policía y el vacío de justicia.
En la segunda parte del sexenio de Duarte de Ochoa, la Policía que depende de su gobierno ha estado involucrada en por lo menos tres casos graves de desaparición forzada.
En diciembre de 2013, un grupo de sujetos a bordo de camionetas blancas y uniformes sin logotipos, emprendieron un operativo en la colonia Formando Hogar del puerto de Veracruz.
En menos de 3 días, una decena de jóvenes desaparecieron. La mayoría fueron sustraídos de sus casas por sujetos con aspectos de policía, según relataron las madres.
A casi 3 años, nada se sabe de los muchachos y las madres ahora son parte del Colectivo Solecito de Veracruz, integrado por unas 150 personas.
‘Se esfumaron’
Gibrán Martiz Díaz, José Eduardo de la Cruz Caballero y un menor de identidad reservada fueron vistos por última vez el 7 de enero de 2014, tras una detención policial. Once días después aparecieron sin vida en un paraje de la carretera Huatusco-Conejos.
En primera instancia el gobierno trató de vincular los asesinatos con un ajuste de cuentas del crimen organizado, sin embargo, Efraín Martiz, padre de Gibrán, comprobó que su hijo estuvo recluido en la Academia de Policía en El Lencero.
Por ese caso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos determinó que sí había responsabilidad del gobierno estatal y ordenó indemnizar a la familia Martiz, la cual tuvo que salir del país por amenazas.
Dos años después, la Policía Estatal detuvo en Tierra Blanca a 5 jóvenes: Susana Tapia Garibo, Mario Arturo Orozco, Alfredo González Díaz, Bernardo Benítez Arroniz y José Benítez de la O.
Ellos circulaban en dirección a Playa Vicente cuando los elementos de la SSP detuvieron su paso y los subieron a una patrulla. Desde aquel 11 de enero de 2016, nunca más se supo de ellos, hasta que fueron encontrados unos restos calcinados en un rancho de Tlalixcoyan.
La Procuraduría General de la República y un grupo de peritos argentinos solo pudieron identificar los restos de Bernardo Benítez. Por ese caso fueron consignados los 6 policías, pero también Marcos Conde, delegado de la SSP en esa región.
Los vínculos de las autoridades estatales con las bandas del crimen no se han comprobado del todo, sin embargo el reciente hallazgo de unas 100 fosas clandestinas con restos humanos al norte del puerto de Veracruz, abren la interrogante sobre la complicidad de la FGE con los delincuentes.
Censura mortal
En los últimos 6 años, el derecho a la liberta de expresión ha sido uno de los que más se ha coartado desde el gobierno estatal, tanto como cómplices o responsables, como por omisión en las investigaciones.
Las cifras arrojan 19 periodistas veracruzanos asesinados, 5 desaparecidos y decenas de agresiones. Veracruz se ha convertido en una de las regiones del mundo más peligrosas para los reporteros.
Los números tienen nombres: Gabriel Huge, Milo Vela, Guillermo Varela, Esteban Rodríguez, Regina Martínez, Yolanda Ordaz, Víctor Báez, Moisés Sánchez, Armando Saldaña, Rubén Espinosa, Gregorio Martínez, Pedro Tamayo, Octavio Rojas, Anabel Flores, Manuel Torres, Noel López, Juan Mendoza, Sergio Landa y Misael Solana.
Una de las razones que han contribuido a que la lista de comunicadores asesinados no se detenga, es el alto grado de impunidad en cada uno de los crímenes.
Del total de homicidios, no hay un solo sentenciado, incluso en los casos que han sido atraídos por la PGR por la probable participación de la delincuencia organizada.
La responsabilidad del gobierno de Javier Duarte ha sido tal que, en el caso de Rubén Espinosa, la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal (lugar donde fue asesinado) tomó la declaración del gobernador porque Espinosa huyó de Veracruz ante los hostigamientos y amenazas de funcionarios estatales.
En el caso de Moisés Sánchez, la policía estatal dejó que los responsables lo sustrajeran de su casa, fueron cómplices de su desaparición y del posterior asesinato.
Una situación similar ocurrió con Pedro Tamayo, quien fue baleado en Tierra Blanca a pesar de que debía ser protegido por la SSP. Incluso cuando los familiares de Tamayo intentaron perseguir a los delincuentes, una patrulla impidió el paso.
Ni siquiera la creación de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas, cuyo presupuesto anual es de 22 millones de pesos, ha podido reducir el riesgo para los trabajadores de la información.
Cero tolerancia:
Con la aprobación de la reforma educativa, miles de profesores salieron a las calles y en Veracruz el Movimiento Magisterial Veracruzano decidió tomar la Plaza Lerdo, en la capital del estado.
El rechazo a las nuevas disposiciones llevó a los maestros a cerrar avenidas, hacer marchas en todo el estado, suspender clases y apoderarse del corazón de la capital del estado.
Pero la paciencia del gobierno se acabó la madrugada del 13 de septiembre del 2013, en víspera de la celebración de la independencia de México.
El plantón conformado por unos 2 mil maestros del estado fue desalojado violentamente por policías estatales, cuyos elementos los golpearon con toletes eléctricos y amagaron con armas.
Las agresiones se expandieron por diferentes calles del centro de la capital y una decena de periodistas, así como transeúntes, también sufrieron la represión policial ordenada desde Palacio de Gobierno.
Los desvíos de recursos públicos, ya investigados por la PGR y el propio SAT, generaron un hueco en las finanzas del estado que ha imposibilitado el pago a los pensionados.
Similar a lo ocurrido con los profesores, el 24 de diciembre del 2015, policías estatales desalojaron a medio centenar de adultos mayores que reclamaban el pago de sus pensiones.
Sin importar que se tratara de personas con problemas de salud y que hacían reclamo de un derecho, los uniformados irrumpieron con violencia hasta liberar la avenida Enríquez.
Los problemas de dinero también provocaron que miles de estudiantes de la Universidad Veracruzana, reclamaran el pago inmediato de mil 200 millones de pesos.
Las protestas en diferentes ciudades donde tiene presencia la UV no fueron reprimidas, sin embargo, esa suerte no la tuvieron 8 estudiantes de la Facultad de Humanidades que fueron brutalmente golpeados por un comando.
El ataque se registró un 5 de junio del 2015, previo a las elecciones federales y después de protestas de estudiantes contra el gobierno y contra el PRI.
Los logros?de JDO
Mil 800 ?desapariciones forzadas
Mil 200 homicidios violentos
19 periodistas asesinados
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