Lo cierto es que “Tula” como es conocida por sus amigos, ha sufrido un excesivo desgaste, incluso desde antes de que asumiera el mando Yunes Linares. Baste recordar que ella llegó a su actual posición aún durante el gobierno interino de Flavino Ríos Alvarado, producto de una negociación que, como muchas otras, el actual gobernador incumplió.
Otro del que también se infiere que habrá de salir, es el secretario de Seguridad Pública, pues si Clementina Guerrero está viviendo un infierno, Jaime Téllez Marié tampoco está en un lecho de rosas.
Cuentan que en el mes de diciembre, para ser más exactos el domingo 18, cuando apenas habían transcurrido dos semanas de que asumiera el cargo, Jaime Téllez recibió una noticia que lo sacudió: Se había registrado un intento de secuestro contra su hermano Humberto. El “levantón” no se había concretado, pero su familiar había tenido que ser hospitalizado debido a complicaciones en padecimientos cardiacos que ya desde antes enfrentaba.
Tres días después se anunciaba su muerte.
Narran quienes saben de esto que no fue sino hasta el mes de enero cuando Jaime Téllez le expresó a Yunes Linares su interés por dejar el cargo. No era para menos, contrario a lo prometido por el propio gobernador, la violencia en Veracruz iba a la alza y los mandos policiacos percibían a un jefe débil, sin el perfil que se requería ni la autoridad para conducirlos.
Igual que hizo con Clementina Guerrero, el gobernador le pidió a Téllez Marié que “aguantara”, que buscaría ubicarlo en una posición menos comprometida, pero antes tenía que conseguir el aval de las fuerzas armadas, cuyos mandos insisten en colocar a alguien de la milicia en dicho cargo.
La intención de Miguel Ángel Yunes, cuentan, es hacer un enroque: Que Téllez Marié se vaya a ocupar la titularidad de la policía auxiliar (IPAX) y que Mario Marín Zamora, el actual comisionado, pase a ser el nuevo secretario de Seguridad Pública.
El ajuste suena lógico. Marín tiene un perfil más adecuado para las tareas de la SSP. Fue coordinador de Centros Federales de Prevención y Readaptación Social; fue director de la Policía Ministerial del Estado y dirigió el penal de alta seguridad de Almoloya.
Sin embargo, el gobernador está atorado con los acuerdos que se vio obligado a hacer con los representantes de las fuerzas armadas, para conseguir mayor presencia del Ejército, la Marina y la Gendarmería.
Los mandos federales no sólo dudan de la probidad de los mandos civiles, sino de su capacidad operativa, por lo que insisten en incrustar en posiciones clave a alguno de sus elementos.
Eso, sin embargo, no comulga con los planes de Miguel Ángel Yunes, quien entiende que colocando a un militar en Seguridad Pública perdería el control de dicha área, la que también le resulta necesaria para otras labores no precisamente vinculadas con el combate a la delincuencia.
Se avecinan las elecciones municipales, que serán fundamentales para los planes políticos del gobernador, y requiere del brazo opresor de la policía para realizar tareas “extraoficiales”, es decir, operar lo que en elecciones se conoce como la “contención” y que no quiere decir otra cosa que desbaratar las estrategias de movilización de los candidatos opositores.
En campañas tan breves como la que está por venir, la contención es fundamental para garantizar el triunfo. Yunes Linares lo sabe y entiende que sólo podrá hacerlo si tiene al frente de la policía a un aliado político. Ya después del 4 de junio, si el Ejército quiere la posición, con gusto se la cederá, no antes. | 
