Explicó que para la contratación de servicios, en primer término, el Departamento de Adquisiciones revisa minuciosamente que los proveedores cumplan con los requisitos de: las últimas dos declaraciones fiscales ante el SAT, el acta constitutiva y la presencia del apoderado legal para los trámites necesarios; además se les solicita la Carta de Comportamiento que emite el SAT, en el que se determina si el desempeño de esta empresa es bueno o malo.
El área que utilizará el servicio emite un Dictamen Técnico en el que se plasman las necesidades y que se toman en cuenta al momento de integrar el presupuesto, sostuvo.
En este proceso, es el Subcomité de Adquisiciones el que valida que toda la información sea conforme a la ley y además la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros emite un Dictamen de Viabilidad Presupuestal, es decir, se establece que hay presupuesto para la contratación del servicio. “Antes se hacía de otra forma, se elegía a discreción y ya después completaban los trámites administrativos”, expuso.
Angel Ramírez manifestó que el área de Comunicación Social del Congreso es la primera de toda la estructura administrativa que, además de firmar los convenios uno por uno con los prestadores de servicios, cuenta con una ficha curricular de la empresa, un registro fotográfico de la firma del acuerdo comercial en el que participa el apoderado legal y personal del Congreso y todos los expedientes que para el caso valida previamente la Dirección de Servicios Jurídicos.
Por todo lo anterior, refirió Ramírez Bretón, es inaceptable hablar de la celebración de un contrato con empresa fantasma debido a que en la actual Legislatura se ha cuidado que las contrataciones sean conforme a la ley y se ha verificado que los proveedores cumplan con los requisitos legales y de buen desempeño.
De manera inédita toda la información relativa al gasto está disponible en el portal de transparencia de la página oficial del Congreso del Estado y cualquier ciudadano puede consultar libremente, concluyó. | 
