Destacó que el Estado de Veracruz es el tercero a nivel nacional con el mayor número de personas con discapacidad con un 6.7 por ciento del total de la población, siendo las principales discapacidades la motriz y visual.
Agregó que la prevalencia de la discapacidad va en aumento, por lo que considera que es deber del Estado implementar acciones encaminadas a contrarrestar los efectos negativos que de ello se derivan.
Por lo anterior, expresó que las diputadas y diputados de la LXV Legislatura de Veracruz tienen el firme compromiso y están convencidos que la mejor manera de cumplir a cabalidad con la materia de discapacidad es trabajar de la mano con las personas de este sector de la población, “con ustedes daremos una orientación exitosa a este proyecto y con sus aportaciones llenaremos de espíritu y de razón al quehacer legislativo y a las políticas públicas del Gobierno”, abundó.
La legisladora Montserrat Ortega Ruiz, vocal de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, explicó que la Ley 822 es inclusiva y de vanguardia, sin embargo aclaró que ésta no tiene cumplimiento. Confió en que las mesas de trabajo generen propuestas para llegar a hechos concretos y ver de qué forma se puede trabajar en la inclusión, “en tanto no se eliminen las barreras y estereotipos y no tengamos los mismos derechos todos, no se puede hablar de inclusión”.
Señaló que es de suma importancia que todos contribuyan a un Veracruz más inclusivo y revisar qué cosas de política pública pueden mejorarse y de qué forma se puede tranversalizar y hacer realidad.
Advirtió que hay un atraso muy severo en el tema de movilidad, toda vez que al aprobarse la ley se estableció un plazo de cinco años para que el transporte público, de manera gradual, se adaptara, “a la fecha no lo hemos visto y así como éste hay más pendientes”.
La directora General de Cultura de Paz y Derechos Humanos, Mayra Ledesma, dijo que en el Gobierno del Estado están conscientes que los retos son múltiples y en diferentes dimensiones, desde cosas materiales tangibles, que tienen que ver con la accesibilidad y acondicionamiento de espacios, hasta la adaptación de mecanismos para garantizar el libre ejercicio de sus derechos a la participación política y pública, el acceso adaptado a la educación, al trabajo, capacitación y a la salud.
Sostuvo que hay sectores de la población que además padecen otras carencias estructurales como son pobreza, rezago educativo, acceso a la seguridad social, calidad en los espacios de vivienda, acceso a una alimentación adecuada, pero también –agregó- a la cohesión social y sobre todo un marco de vida que les garantice la no exclusión.
A este foro asistieron las diputadas Brianda Kristel Hernández Topete, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables; Ana Miriam Ferráez Centeno, presidenta de la Comisión de Protección Civil; Elizabeth Cervantes de la Cruz, presidenta de la Comisión de Juventud y Deporte y Atletas con Discapacidad y María Candelas Francisco Doce, vocal de la Comisión Especial para el Seguimiento a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
De igual forma la encargada del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y los Derechos Humanos del Congreso del Estado, Mónica Mendoza Madrigal; del Centro de Rehabilitación e Inclusión Social de Veracruz, Mitzy Velay Velay y el representante del programa S.E Incluyente, de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, Aarón Ernesto Flores Velasco.
Además de integrantes de las asociaciones civiles: Asociación de Deportistas sobre Silla de Ruedas en Veracruz, Dando Cambios Contigo, A.C; Carrera por la Vida, Instituto Mexicano de Investigación y Desarrollo Integral; Instituto Down Xalapa, Organización Mexicana de Viatusimo Incluyente A.C y personal de diversos organismos relacionados con discapacidad. | 
