Todos se hicieron como el tío Lolo.
Lorenzo Antonio Portilla Vázquez, Mauricio Audirac Murillo y René Mariani Ochoa, ex auditores Superiores del ORFIS aplicaron sanciones y multas al por mayor en contra de funcionarios públicos municipales por 3 mil millones de pesos por el mal manejo de recursos públicos.
Con la salvedad de que jamás denunciaron a ningún funcionario por la falta de pago de sus sanciones y multas.
Solo dictaminaron y dejaron a la deriva los cobros durante el largo periodo del 2002 al 2016.
Jamás, como era su obligación, llamaron a cuentas a nadie para que explicara el por qué no se hacían efectivos dichos cobros.
Lo anterior se deduce de lo dicho por la actual Auditora Superior del ORFIS Delia González Cobos durante su reciente comparecencia ante diputados de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, sin embargo, a pesar de que el tema por complejo, complicado y político a los señores diputados quizá no les pareció prudente indagar más sobre el tema.
La razón es que los funcionarios públicos sancionados por malos manejos obvio que militaban o militan en algún partido.
Nadie preguntó al respecto. A nadie le interesa al parecer que anden por ahí danzando tal cantidad de millones de pesos en manos de funcionarios cuyo mal manejo de los recursos públicos fue debidamente dictaminado.
¿Cuál es la lista de los funcionarios sancionados que no han cumplido con sus pagos? ¿Cuándo los llamarán a cuentas? ¿Quién lo debía haber hecho y no lo hizo?
3 mil millones de pesos nadan en la opacidad.
La pregunta es, ahora que Delia lo ha hecho público, ¿qué hará? ¿Qué harán ahora los señores diputados para que esos miles de millones de pesos ingresen a la Tesorería?
¿A qué hora se empiezan a cobrar esos 3 mil millones de pesos? ¿Para cuántas escuelas o clínicas de salud alcanzará?
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