Según la versión semi-oficial, se trataría de ajustes de cuentas ligados a la delincuencia organizada que estaría reestructurándose en zonas estratégicas como la región de Córdoba y Poza Rica. Luchas entre grupos que buscan el control de las actividades ilícitas y millonarias como es la venta y trasiego de droga, tráfico de personas, etc.
No obstante, algo que quizás deban tener en cuenta en Palacio de Gobierno, es que conforme se acerque la elección a la gubernatura y el término del actual periodo, comenzarán nuevamente a desatarse estos eventos por el reacomodo del poder de grupos delincuenciales o políticos, cuando buscan mantener los privilegios o disputarlos a sangre y fuego.
Se puede decir —no debería decirse, pero ocurre— que es “normal” este tipo de ajustes luego de ciertos períodos, porque surgen las peleas para buscar el control de cargos públicos que sirven como protección política de la delincuencia y también para hacer “business”. Un ejemplo de esto fue el caso del abogado Clemente Nagasaki Condado Escamilla, asesinado en Acayucan en mayo del año pasado, quien era mencionado como el posible candidato a la alcaldía o una diputación.
Otra situación que podría presentarse en la entidad conforme se avecine la época preelectoral sería la de “calentar la plaza”; es decir, crear eventos violentos para desestabilizar y usarse como arma de ataques políticos contra el actual gobierno. Desatar pequeños infiernillos en lugares donde pueda hacerse el mayor ruido posible, teniendo en cuenta que será la primera vez que los viejos partidos políticos irán a competir contra otro muy nuevo y muy fuerte, que dará seguramente pie a una guerra encarnizada por el poder contra el actual gobierno, su movimiento, y —porqué no— contra la candidata que se ubica como la perfilada a suceder al gobernador.
En este sentido —creo— los de Palacio de Gobierno tienen una ventaja: si en la administración de Javier Duarte se unían sin pensarlo dos grupos opositores (los de Yunes y los de Morena) para criticar ferozmente la violencia en el estado, ahora los que están en gobierno tienen que defender con uñas y dientes a su “Cuarta Transformeishion” y por lo tanto ya no se ve tanta agitación mediática como antes. Eventos violentos como los recientes, en otra época, hubiesen crecido (y se hubiesen quizá capitalizado más), pero de alguna u otra manera no hicieron tanto ruido como en épocas pasadas, teniendo también en cuenta que el gobierno estatal tiene buena relación con el federal, que era el principal punto débil del Duartismo.
Otro punto a favor es que hay estados en peores situaciones de inseguridad, como el caso de Zacatecas y Guanajuato.
Pero no todo es lo mediático: pregúntele ahorita a la gente de Poza Rica si tienen ganas de salir a la calle a cenar, a echarse unos tacos o una cerveza con la familia o los amigos. Los hechos violentos —aunque aparentemente es sólo un asunto entre malandros— van a crear temor y natural desconfianza a la autoridad, algo que es muy difícil de recomponer en el corto plazo.
Por lo anterior, la administración actual deberá esforzarse al triple para resolver crímenes, blindar límites con algunos estados vecinos y tratar de prevenir eventos violentos con retenes y operativos para persuadir al delincuente y dar certidumbre al ciudadano.
Si bien existe (como quizás no había antes) una coordinación permanente y diaria entre mandos militares, navales y civiles con las reuniones de la Mesa de Coordinación para la Paz, a estas alturas ya debe haber la suficiente inteligencia para haberse detectado quiénes son los generadores de violencia, a qué grupos de poder están ligados (sindicatos, organizaciones sociales, por decir algunos), con quiénes de los personajes políticos de alto perfil tienen alianza, cómo están tejiendo sus estrategias y quiénes son los operadores. Pero sobre todo, de dónde viene el dinero e incluso conocer si no es en los penales desde donde los jefes de la delincuencia organizada están moviendo los hilos.
Si el gobierno estatal tuviera verdaderos estrategas que dominaran los escenarios político-social y de seguridad, tendría que tener claro que lo que está ocurriendo no es casual, principalmente en la zona centro y la región sur del estado, pero deberían preocuparse seriamente en este momento cuando ya los homicidios no se están quedando en la zona de Martínez de la Torre y Tlapacoyan, sino que se empiezan a presentar en la región serrana de Papantla y Poza Rica.
A estas alturas, se puede decir que están midiendo al actual gobierno con sus respuestas y sus acciones.
Si para el gobierno estatal la violencia es solamente un asunto entre malandros, lo peor sería minimizarlo a un pleito arrabalero. Quizás ya no se vea así, pues se demostró en estos días que la estrategia de “Abrazos, no balazos” tuvo que ser sustituida en Córdoba donde elementos de la Fuerza Civil tuvieron que abatir a cuatro.
Y no es ser ave de mal agüero, simplemente se usa el sentido común para entender que hay mucho en juego para las próximas elecciones y los grupos opositores (altamente desesperados, especialmente los que quedaron fuera del escenario político) ya están moviéndose con tal de recuperar lo perdido en 2016 y 2018.
Es, luego entonces, un escenario inédito donde finalmente se podrán medir las fuerzas de quienes quieren regresar al poder y los que se quieren mantener en el mismo, con la idea de consolidar un régimen de varios años, teniendo en cuenta que será la primera vez que los viejos partidos políticos —que no tienen presencia real en este momento— cuentan con toda la marrullería posible para este tipo de estrategias.
O sea, le saben a eso de la guerra sucia. Al tiempo.
@pablojair
(DE LA "COLUMNA SIN NOMBRE")
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