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LA JUSTICIA DE VERACRUZ

El expediente “advierte sobre el tráfico de influencias y el nepotismo, como dos factores que impactan en los niveles de corrupción e ineficiencia del Tribunal Superior de Justicia”

LA JUSTICIA DE VERACRUZ /
Filiberto Vargas Rodríguez
2024-10-28  
00:14

Se publicó en este mismo espacio en el mes de julio. Me refería al expediente que había integrado el equipo de transición de la gobernadora electa, Rocío Nahle, con todas las irregularidades detectadas en el Poder Judicial de Veracruz.


El expediente -escribí en aquella ocasión- “advierte sobre el tráfico de influencias y el nepotismo, como dos factores que impactan en los niveles de corrupción e ineficiencia del Tribunal Superior de Justicia”.


Y di nombres. Me referí al nombramiento de jueces “no por su capacidad o méritos, sino por sus conexiones políticas o familiares” y advertí que al frente de todos esos nombramientos y de muchas de las decisiones que se toman desde la presidencia del PJE, aparecía David Cardeña Ortega, secretario particular y la persona más cercana, a la magistrada presidente.


Entre los nombramientos que destaqué en aquella ocasión, producto de acuerdos subrepticios, más que de sus capacidades, aparece el de Miriam Eunice Juan León, jueza en Papantla.


La relación entre ella y David Cardeña, el actual secretario particular de la magistrada presidente Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, va más allá de lo profesional. Han sido cómplices en decisiones judiciales totalmente irregulares.


Uno de los casos en los que “coincidió” la jueza con David Cardeña fue cuando él fungía como fiscal especializado en materia de combate al secuestro y estaba asignado a la Fiscalía Regional de Tuxpan, oficina que atiende los casos que surgen en el norte de la entidad.


Desde entonces era común -y lo sigue siendo- que la Fiscalía de Veracruz generara lo que se conoce como “falsos positivos”, esto es, que detuviera a personas inocentes con el fin de presumir que en la entidad “se combate el crimen” y que “se acabó la impunidad”.


Ese fue el caso de Guillermino Vicente Licona, originario de una comunidad de Papantla, jornalero en el campo, quien fue imputado, sin elemento válido alguno, de “secuestro agravado” y hasta la fecha sigue en prisión.


La familia de Guillermino Vicente ha recurrido a todas las instancias jurídicas para mostrarles que el detenido nada tiene que ver con el caso de secuestro que se le imputa, pero se han topado con la connivencia de las autoridades de la Fiscalía y del Tribunal Superior de Justicia, por lo que su esfuerzo ha sido infructuoso.


Finamente acudieron a los servicios del jurista Tomás Mundo Arriasa, quien detectó ya múltiples inconsistencias que hará valer en el proceso.


Muy pronto se conocerán importantes avances en este caso.


filivargas@gmail.com


(DE LA COLUMNA "PUNTO DE VISTA")


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