Es decir, el MC por un lado exige acabar con la inseguridad y la desaparición de personas, pero por otro lado, le dan una connotación política al tema judicial.
Las solicitudes de desafuero contra dos alcaldes de MC, la respuesta política del partido naranja y el intercambio de acusaciones con la Fiscalía General del Estado muestran que la disputa ya dejó de ser jurídica para convertirse también en una batalla política.
Movimiento Ciudadano denuncia persecución electoral. La Fiscalía sostiene que actúa con base en investigaciones y pruebas. Serán los jueces quienes determinen quién tiene la razón.
Mientras tanto, una cosa parece clara: el tan anunciado entendimiento político entre MORENA y el MC parece que no era tal y que en el 2027 se podrá ver una verdadera competencia electoral en Veracruz. Así, se puede hablar de tregua entre partidos o de un caso judicial.
El reto será evitar que los tribunales sustituyan a las campañas o que las campañas pretendan sustituir a los tribunales.
Hasta aquí, resulta imposible hablar de quién tiene razón, porque todavía no la conocemos, pero de llegar a tribunales el caso de los alcaldes del MC, se pondrá a prueba a sus miembros y se determinará si fueron perseguidos políticos y la Fiscalía tendrá que demostrar jurídicamente sus acusaciones y convencer políticamente de que no actúa con criterios electorales.
Cuando una elección se acerca, cada carpeta de investigación deja de ser solamente un expediente judicial y se convierte también en un hecho político.
Si las pruebas son sólidas, los casos caminarán por sí mismos. Si no lo son, el costo institucional será enorme.
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(COLUMNA "FIGURAS Y FIGURONES") | 
