Después de reconocer el lunes que el problema existe y de explicar ayer cómo operan estas redes, hoy surge la pregunta inevitable: ¿por qué resulta tan difícil combatirlas?
Porque un despojo inmobiliario casi nunca depende de una sola persona. Detrás de una propiedad arrebatada pueden intervenir falsificadores, abogados, gestores, funcionarios del Registro Público, personal catastral, notarios, actuarios, jueces, policías y autoridades municipales. Basta que uno falle para frustrar el fraude; cuando varios se alinean, el delito adquiere apariencia de legalidad.
¿Y por qué ahora aparecen tantas denuncias? Porque la velocidad de la información, las redes sociales y una mayor disposición de las víctimas a denunciar destaparon una realidad que durante años permaneció oculta. Y quizá porque alguien dentro de esa cadena dejó de guardar silencio.
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Por eso las investigaciones avanzan lentamente. No basta identificar al beneficiario; hay que reconstruir toda la ruta de responsabilidades.
En Veracruz ya existen auditorías, investigaciones y algunos procesos abiertos. Son pasos importantes, pero el verdadero desafío sigue siendo desarticular la estructura completa. Porque mientras esa red sobreviva, cambiarán los nombres; pero el mecanismo seguirá funcionando.
Mañana los sabios bebedores del mejor aromático del mundo pondrán sobre la mesa otra pregunta inevitable: ¿Qué tendría que hacer Veracruz para cerrarles realmente la puerta?
Y mientras tanto queda una interrogante incómoda: ¿Habrá voluntad para limpiar toda la cadena, aunque eso implique investigar hacia dentro del propio gobierno?
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