No estamos hablando de un lujo ni de una obra ornamental. Es dinero que podría servir, por ejemplo, para concluir, equipar y poner en funcionamiento la planta de tratamiento Olmeca, junto a Laguna Real, con impacto en zonas como Floresta, Flores del Valle, López Mateos y Luis Echeverría.
Lo verdaderamente grave está en la forma.
Mediante el oficio GMAS-IMA-AC-0279-26, Grupo MAS informó al Instituto Metropolitano del Agua que no suscribiría convenio alguno relacionado con el Programa de Estímulos de Agua y Saneamiento de CONAGUA y, todavía más, manifestó que tampoco participaría en mecanismos equivalentes durante ejercicios fiscales posteriores.
¿Entonces para qué quiere una empresa privada una concesión de un servicio público esencial si no está dispuesta a aprovechar esquemas de coinversión para mejorar precisamente aquello que administra?
La pregunta debe llegar hasta el Congreso del Estado.
La concesión otorgada en 2015 fue autorizada por 30 años. Los antecedentes periodísticos de aquella época documentan que el Congreso veracruzano aprobó entregar la operación a Grupo MAS, originalmente integrado por Odebrecht Ambiental y Aguas de Barcelona. Años después, Acciona informó que en 2021 tomó el control del denominado “subgrupo Veracruz”, cuyo contrato concluiría en 2046.
El título de concesión contempla compromisos multimillonarios de inversión; fuentes recientes sitúan en más de 7 mil millones de pesos la obligación prevista durante los 30 años.
Por eso, antes de hablar jurídicamente de cancelación automática, lo procedente es algo todavía más contundente: una revisión integral, pública y exhaustiva del cumplimiento del título de concesión.
Que se pongan sobre la mesa las obligaciones pactadas, las inversiones comprometidas, las efectivamente ejecutadas, los indicadores de calidad del servicio, las plantas de tratamiento, las redes rehabilitadas y cada peso que Grupo MAS estaba obligado a invertir.
Y si de esa revisión resultan incumplimientos que jurídicamente constituyan causas de rescisión, revocación o terminación anticipada, entonces que las autoridades competentes procedan conforme al título y a la legislación aplicable.
En esta batalla, la alcaldesa Rosa María Hernández Espejo decidió colocarse del lado de los usuarios. Su administración gestionó, mediante el IMA, la incorporación de Veracruz al PEAS para obtener esos 62.2 millones federales; el obstáculo fue la negativa de la concesionaria a poner una contraparte equivalente.
Ahí está la diferencia: mientras el Ayuntamiento buscó recursos para invertir, la empresa dijo no.
Por ello, CONAGUA, el Gobierno del Estado, el Congreso local y los ayuntamientos involucrados deben revisar hasta sus últimas consecuencias esta concesión.
No por nacionalismo simplista ni únicamente porque hoy Acciona, una corporación española, controle Grupo MAS. El problema no es el pasaporte del capital: el problema es que un servicio público esencial esté concesionado y quien obtiene ingresos de él no cumpla las obligaciones que asumió.
El agua de Veracruz no puede convertirse simplemente en caja registradora de particulares.
Si Grupo MAS cumple, que lo demuestre documentalmente.
Si invirtió, que exhiba cuánto, dónde y cuándo.
Si ha respetado íntegramente la concesión, que transparente sus resultados.
Pero si no cumplió, entonces el Estado tiene que analizar y ejercer los mecanismos legales correspondientes para recuperar el control del servicio.
Porque una concesión no significa regalar el patrimonio público durante tres décadas. Significa permitir temporalmente que un particular preste un servicio bajo condiciones, obligaciones y resultados específicos.
Y cuando esas condiciones dejan de cumplirse, lo que hace agua no solamente son las tuberías: hace agua la propia concesión.
Al tiempo.
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(COLUMNA "ASTROLABIO POLÍTICO")
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